El 1 de julio de 2026 es la nueva fecha límite para cumplir con la certificación del software para los autónomos. Para las empresas será el 1 de enero de 2026.

La extensión de plazos para cumplir con la nueva normativa de facturación alivia a autónomos y empresas en Melilla, aunque muchos están preocupados por los costes y la complejidad que implicará su implementación, así como posibles sanciones.

 

La ampliación de los plazos supone un alivio para los autónomos y empresas melillenses, que siguen muy preocupados con el aumento de trabajo (muchos melillenses sienten pánico al no saber cómo podrán cumplir con la normativa) que supondrá esta nueva medida de control del gobierno.

El pasado 3 de abril entró en vigor la modificación del reglamento de facturación que otorga más tiempo a autónomos y empresas para cumplir con la nueva normativa. Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades dispondrán hasta el 1 de enero de 2026 para adaptar sus sistemas mientras que los autónomos tendrán hasta el 1 de julio de 2026.

El Consejo de Ministros ha aprobado una modificación del reglamento de facturación que otorga más tiempo a autónomos y empresas para cumplir con la Ley Antifraude. Según el Real Decreto 254/2025, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades dispondrán hasta el 1 de enero de 2026 para adaptar sus sistemas, mientras que el resto de obligados tributarios, incluidos los autónomos, tendrán hasta el 1 de julio de 2026.

La normativa, que busca (según el gobierno) reforzar la trazabilidad de los registros contables para combatir el fraude, establecía inicialmente un periodo de implantación más corto, generando inquietud entre los trabajadores por cuenta propia y pequeñas empresas.

Requisitos de los nuevos programas de facturación

Según el reglamento es obligatorio que los programas de facturación garanticen la integridad, trazabilidad y conservación de los registros. El objetivo del gobierno, obviando los graves perjuicios y costes que va a generar a la gran mayoría de melillenses y españoles, es erradicar el software de doble uso, evitando la manipulación de datos contables. La AEAT implementará un servicio de recepción de registros verificables en un plazo de nueve meses desde el 28 de octubre, tras la entrada en vigor de la Orden HAC/1177/2024.

Este mismo plazo será también de aplicación en relación con los sistemas informáticos incluidos en los contratos de mantenimiento de carácter plurianual contratados con anterioridad a la entrada en vigor de la orden.

Nuevos plazos para la adaptación

El reglamento marca las siguientes distinciones:

Empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades: hasta el 1 de enero de 2026.

Autónomos y pequeñas empresas: hasta el 1 de julio de 2026.

Productores y comercializadores de software: nueve meses desde la entrada en vigor de la orden ministerial para certificar sus productos.

El gobierno parece haberse dado cuenta de la complejidad y las múltiples molestias que provocará la aplicación de estas medidas y, con la ampliación de los plazos, reconoce las dificultades que enfrentan/enfrentarán autónomos y pymes para implementar soluciones tecnológicas en plazos reducidos.

Para aumentar la presión sobre todos, el gobierno amenaza con que el  incumplimiento de esta normativa podría acarrear sanciones de hasta 50.000 euros.

Exenciones para usuarios del Suministro Inmediato de Información (SII)

El nuevo decreto introduce una modificación en el artículo 4 del reglamento, eximiendo (para evitar duplicidades) de la obligación a quienes ya utilizan el sistema Suministro Inmediato de Información (SII IVA).

En el artículo 6, se aclara que la responsabilidad de cumplir con la normativa recae en el sujeto pasivo que realiza la operación, incluso cuando la factura sea emitida por un tercero.

Se espera que la disponibilidad de programas certificados aumente en los próximos meses, facilitando su implementación (a costa, eso sí, de los ciudadanos) a precios más accesibles.

Flexibilización sin renunciar a la digitalización

La prórroga, creen desde el gobierno, otorga margen para que autónomos y empresas puedan ajustarse sin incurrir en sanciones, manteniendo el objetivo de modernizar la facturación sin afectar la operativa de los pequeños negocios.

Muchos melillenses piensan que es una medida más de control del gobierno, que necesita recaudar más para poder llevar a cabo sus políticas populistas y de apoyo a los nacionalistas; también se quejan de que tendrán que asumir nuevos costes (en una economía muy castigada) y que la operativa contable será mucho más compleja y farragosa.

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El 1 de julio de 2026 es la nueva fecha límite para cumplir con la certificación del software para los autónomos. Para las empresas será el 1 de enero de 2026.