Eduardo de Castro no tiene más opción que acatar la sentencia del TS para no incurrir en una ilegalidad

Lo que no ha señalado De Castro es si los seis que están “en pause” dejarán de cobrar sus salarios porque, si está ocurriendo lo contrario, podrían correr el riesgo de que la administración les demande la devolución de haberes cobrados indebidamente al ser una sentencia firme, aunque se recurra al Constitucional
Una sentencia del Tribunal Supremo conocida ayer, a raíz de una denuncia presentada por UGT en Ceuta, nos ha puesto los pies en el suelo y nos dice claramente que, con el actual Estatuto de Autonomía aprobado en 1995, ni Ceuta ni Melilla tienen el nivel de autonomía que de las 17 Comunidades Autónomas y por tanto siguen siendo Ayuntamientos, aunque con algunas competencias añadidas, pero nada más. Ello ha provocado que el alto tribunal haya subrayado que los miembros del Gobierno de la Ciudad tienen que ser diputados de la Asamblea, que a su vez ostentan la condición de concejales, y por tanto no puede haber consejeros ni viceconsejeros que no hayan sido elegidos entre los 25 diputados que conforman la Asamblea, a diferencia de lo que ha venido sucediendo desde que se aprobaron dichos estatutos hace ahora cerca de 25 años.

Aunque los ejecutivos ceutí y melillense han avanzado que recurrirán al Tribunal Constitucional (TC), los gobiernos de ambas ciudades no tienen más remedio que acatar la sentencia para no incurrir en una ilegalidad.

Por eso resultan especialmente llamativas las manifestaciones del presidente de Melilla, Eduardo de Castro. Tras convocar un Consejo de Gobierno extraordinario y urgente después de conocerse la sentencia, haya reconocido que sabía de la misma dos días antes y dijera que los seis cargos de su Ejecutivo afectados por esta decisión judicial están desde ayer “en modo pause” hasta ver cuál será su futuro antes de que “vuelvan al modo play”. Lo que no ha señalado es si los seis que “están en pause” dejarán de cobrar sus salarios porque, si está ocurriendo lo contrario, podrían correr el riesgo de que la administración les demande la devolución de haberes cobrados indebidamente al ser una sentencia firme, aunque se recurra al TC.

Los partidos de la oposición ya han pedido a De Castro que acate la sentencia y cese “de forma inmediata” a los consejeros de Economía, Bienestar Social y Presidencia y a los viceconsejeros de Empleo y Turismo, Juventud y Deportes, uno de ellos incluso registrando oficialmente la petición mediante un escrito oficial en la Ciudad. De lo contrario, ya hay anunciadas acciones judiciales contra el presidente por la presunta comisión de sendos delitos de prevaricación y desobediencia.

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