Ha justificado su decisión de no desvelar el fallo judicial porque el recurso lo presentó “a título personal” y no como presidente o político y por ello asegura que “no estaba obligado” a informar a la Mesa ni al Pleno
Ocho días. Ese es el tiempo que el presidente de la Ciudad, Eduardo de Castro, ha logrado mantener oculto su mayor secreto de las últimas semanas y que le había valido para ganar tiempo en la batalla que ha emprendido contra su expulsión de Ciudadanos (Cs) aprobada el 30 de marzo de 2021 y oficializada el pasado 23 de julio. El lunes 26 julio se debía tratar su cese como diputado de Cs y su conversión en diputado no adscrito, pero consiguió dejar sobre la mesa este único punto del día, aduciendo que había solicitado en el juzgado medidas cautelarísimas contra dicha decisión y por tanto pedía esperar antes de adoptar cualquier decisión. Ese momento llegó el pasado jueves 5 de agosto, en forma de rechazo a las mismas, pero no fue hasta el 13 de agosto, ocho días después, cuando no tuvo más remedio que reconocer que el tribunal había fallado en su contra: la noticia ya había saltado. Para justificar el motivo por el que escondió este veredicto, alegó que las presentó a título personal y no político. El propio De Castro, antes de conocerse que se estaban guardando para sí el fallo a pesar de ser preguntado por ello, ya dijo que todo formaba de una estrategia judicial. En otras palabras, que quiere vender cara su expulsión de Cs, pero desde el 5 de agosto ya tiene una carta menos para poder evitar ser diputado no adscrito.
El juzgado de Melilla ha rechazado las medidas cautelarísimas solicitadas por el presidente de Melilla contra la decisión de Ciudadanos (Cs) a nivel nacional de expulsarle del partido y exigir a la Asamblea su cese como parlamentario para que pase a ser considerado “diputado no adscrito” y con ello la pérdida de todo cargo electivo.Según el documento al que ha tenido acceso este periódico, el juzgado ha denegado la medida en la que De Castro exponía que el acuerdo de Cs atentaba contra cuatro de sus derechos fundamentales: asociación, participación en los asuntos públicos, acceso a cargo público y presunción a la inocencia, los cuatro recogidos en los artículos 22, 23 y 24 de la Constitución Española.La decisión judicial fue adoptada el pasado 5 de agosto, pero no ha sido hasta este viernes, ocho días después, cuando se ha conocido. El presidente de la Ciudad, Eduardo Castro, ha justificado su decisión de no desvelar el fallo judicial con el que ha intentado parar su expulsión de Cs porque el recurso lo presentó “a título personal” y no como presidente o político porque considera que “se han vulnerado mis derechos fundamentales” y por ello asegura que “no estaba obligado” a informar a la Mesa ni al Pleno.
Estrategia judicialEduardo de Castro ha admitido que la petición de las medidas cautelarísimas forman parte de “una estrategia judicial” que incluye una demanda contra Cs y la Ejecutiva que preside Inés Arrimadas por haber aprobado su expulsión del partido sin causa justificado y por vulneración de derechos fundamentales.El ex diputado naranja ha rechazado cesar como diputado de Cs y pasar a ser “diputado no adscrito”, primero en la Mesa de la Asamblea celebrada el 26 de julio alegando la presentación de las medidas cautelarísimas y el pasado 11 de agosto, con él ya ausente de la reunión al ser parte afectada, al solicitar su vicepresidenta primera de la Mesa y socia de gobierno, la consejera de Hacienda Dunia Almansouri (CPM), un informe jurídico sobre la petición realizada por Cs a nivel nacional para cesar a De Castro como diputado del partido y su conversión “en tránsfuga”.El PP ha considerado que ninguna de las dos alegaciones presentadas son válidas para que Eduardo de Castro deje ya de ser presidente de Melilla de acuerdo con el artículo 23 del Reglamento de la Asamblea, que establece que un diputado no adscrito no puede ocupar un cargo electivo, algo que no comparten los partidos del Gobierno de la Ciudad (CPM, PSOE el propio De Castro), que estiman que lo que fija dicho artículo es que un diputado no adscrito no puede asumir un nuevo cargo pero no obliga a dejar los que ya se ostenta. Socialistas y cepemistas respaldan en su postura a De Castro al considerar que “no hay razones» para su cese al poner de relieve que Cs «no llegó a formar grupo parlamentario» en junio de 2019, tras las elecciones, al haber conseguido un único diputado en aquellos comicios y por ello «el señor De Castro fue elegido presidente cuando formaba parte del Grupo Mixto», un argumento que el PP considera ridículo porque «ello llevaría al absurdo de dejar en manos de la persona objeto de expulsión, la efectividad de la misma”. “Podría, por ejemplo, estar interponiendo recursos judiciales de todo tipo e índole ante todos los tribunales que considerara oportuno, aduciendo estas tramitaciones para hacer inefectiva la aplicación de la expulsión y burlar de manera consciente y fraudulenta la aplicación del ordenamiento jurídico, en este caso, del Reglamento de la Asamblea de Melilla» ha remarcado el principal partido de la oposición.
