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La senadora y secretaria regional del PP de Melilla, María del Carmen Dueñas, aseguró ayer que la reforma integral de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dará un importante impulso a la agilización de la Justicia española y hará combinables los valores de libertad y seguridad. Dueñas, que es vocal en la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, consideró que los dos proyectos de Ley presentados en el Congreso son “imprescindibles para mejorar la justicia penal y su calidad”. En este sentido, la dirigente popular puso en valor “el ambicioso plan de reformas” relativas a la Administración de la Justicia acometido por el Gobierno desde el inicio de legislatura con el objetivo de modernizar la Justicia, pues “la Justicia que no es rápida, no es justicia”.
La senadora melillense explicó que el espíritu con el que se reforma esta nueva ley, que modifica la de 1882, “es que llegue a tener tan larga vida como la que sustituye”, por lo que hizo hincapié en la necesidad de “un amplio consenso político”. Si no se alcanza, advirtió de que “puede impedirnos acometer reformas urgentes que no pueden seguir esperando para ser introducidas en nuestro ordenamiento jurídico”.
Por esta razón, la parlamentaria popular invocó el consenso y apeló al diálogo para enriquecer y mejorar el texto de las leyes citadas, una orgánica y otra ordinaria, y reseñando en este sentido la disposición del Grupo Parlamentario Popular para estudiar y debatir todas aquellas propuestas que se hagan vía enmiendas. A ello se añadirá una audiencia de expertos en la comisión correspondiente, “que no hace sino probar la voluntad del PP de hacer dos normas que gocen de un amplio consenso parlamentario”.
Los dos proyectos de Ley abordan “materias de una extraordinaria urgencia”, dijo Dueñas, que apuntó que desde diversas instancias se ha trasladado a España “la imperiosa necesidad de reformar las leyes penales procesales” para atender los compromisos recogidos en los convenios internacionales y en la Constitución.
Así, señaló que en el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento se ocupa igualmente de las nuevas tecnologías y aporta también medidas de investigación tecnológica que compatibilizan los derechos de las “personas investigadas” con las medidas de los investigadores. Se amplía la interceptación de comunicaciones con la autorización judicial, valorando principios de especialidad, excepcionalidad, idoneidad y proporcionalidad, y se protegen y garantizan mejor los derechos y deberes fundamentales del detenido procurando, entre otras cuestiones, un mejor ejercicio de la defensa.
Derechos y libertades
Por último, Dueñas subrayó que el objetivo es seguir haciendo de España un país seguro, al tiempo que “se es respetuoso con los derechos y libertades fundamentales”. “Eso es lo que precisamente hace este proyecto de Ley, combinar los valores de seguridad y libertad, garantizando la libertad del ciudadano y su seguridad”, afirmó.
En este sentido, la senadora quiso dejar muy claro que todas las técnicas de averiguación del delito, como las medidas de interceptación de las comunicaciones, están sometidas a garantía judicial y al criterio de proporcionalidad, aunque la ley contempla situaciones de excepcionalidad como en el caso de los delitos de terrorismo, donde podrán acometerse escuchas telefónicas sin la previa autorización judicial.
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