Dos de los socios parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez, Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu, han solicitado que no se autoricen licencias de exportación de material policial y de seguridad a Marruecos mientras no se investiguen de forma «exhaustiva e independiente» las denuncias por graves crímenes contra el Derecho Internacional.
Las formaciones hacen referencia a acusaciones de uso excesivo de la fuerza, tortura y desapariciones forzadas de personas migrantes atribuidas a las fuerzas de seguridad marroquíes.
Según ambas formaciones, esta medida debería mantenerse hasta que la justicia procese a los responsables y se verifique que las fuerzas de seguridad marroquíes utilizan el material conforme a las normas internacionales sobre el uso de la fuerza.
Esta petición se enmarca en un conjunto de propuestas presentadas al Congreso por Sumar, PNV, Bildu y ERC con motivo del informe anual de exportaciones de material de defensa y doble uso correspondiente a 2023. En ellas, reclaman una reforma urgente de la Ley de Secretos Oficiales y la desclasificación de las actas de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), el organismo que evalúa las operaciones del sector.
Sumar recuerda en sus propuestas que España ocupa el séptimo puesto en el ranking mundial de exportadores de armamento y que la actual legislación, de carácter preconstitucional, supone «un importante obstáculo para el control democrático» de la acción del Gobierno en este ámbito.
Por su parte, ERC y Bildu subrayan que la reforma legal pendiente —un compromiso adquirido por el Ejecutivo en la pasada legislatura— debe garantizar que la clasificación de documentos como secretos se ajuste a las normas internacionales de Derechos Humanos. Denuncian que esta clasificación no debe utilizarse para encubrir violaciones de derechos ni mantenerse indefinidamente sin justificación vinculada a la seguridad nacional.
Además, insisten en que el secretismo sobre las actas de la JIMDDU tiene su origen en un acuerdo del Consejo de Ministros fechado el 18 de marzo de 1987, que consideran obsoleto y contrario a la transparencia democrática.
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