Categorías: Opinión

Dos de las cuatro asociaciones de la CIM rechazan la elección de Abdeselam Mohamed

Ante la fraudulenta asamblea celebrada por un grupo de personas en nombre de la Comisión Islámica de Melilla (CIM), en la que supuestamente ha sido elegido presidente, Abdeselam Mohamed Mimon por 16 votos de 17. La Comunidad Musulmana de Melilla y la Asociación Musulmana de Melilla, dos de las cuatros entidades que conforman la CIM, salen al paso y manifiestan lo siguiente:
1º Que el referido acto convocado por un supuesto “Consejo Consultivo”, carece de toda legitimidad, ya que dicho órgano interno, contemplado en los estatutos de la CIM, ha sido impuesto, y amañado por la cúpula de CpM con el soporte de las dos asociaciones y sin la supervisión de los representantes legales de la CIM, sin que hasta el momento se sepa cuál ha sido el modo de elección ni que órgano ha aceptado dichos nombramientos.

2º Que la referida asamblea, además de carente de legitimidad, es una falta de respeto a la comunidad Musulmana, a la sociedad en general y a los principios democráticos.

3º Que las asociaciones Badr del Sr. Samir Tieb y el Consejo Religioso del Sr. Uariach Mohamed han utilizado la buena voluntad de muchos de los asistentes para intentar cerrar un capítulo, en el que dichas asociaciones deben rendir cuentas de una gestión donde no ha quedado claro el destino de centenares de miles de euros.

4º Que los únicos legitimados para convocar cualquier acto son los representantes legales de la CIM, cuyos acuerdos se toman por principios de democracia interna y mayoría, tal como establece la Ley.

5º Respecto a la figura del presidente, éste se elige por sufragio por los socios, nunca en asamblea y su candidatura ha de ser aceptada por el órgano correspondiente, por ello ni se reconoce la asamblea ni a un presidente ajeno a la CIM.

6º Que hemos tomado buena nota de lo ocurrido, por lo que, además de recurrir a la jurisdicción correspondiente para la pertinente impugnación, estudiaremos la posibilidad de otras vías para la reparación del daño causado, al margen de la denuncia a presentar ante el tribunal de cuentas, debido a la negativa de las entidades que sostuvieron al anterior equipo de gobierno.

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