Dos años sin una solución definitiva para las bonificaciones en Ceuta y Melilla

El sistema de ayudas del 50% a la Seguridad Social sigue sin restituirse pese a la proposición de ley registrada por el PP en 2023

Casi dos años después de que el Partido Popular registrara en el Senado, el 24 de noviembre de 2023, una proposición de ley para recuperar las bonificaciones del 50% a las cuotas patronales de la Seguridad Social en Ceuta y Melilla, las empresas de ambas ciudades autónomas continúan sin un régimen estable que sustituya plenamente al sistema vigente desde 2004. El futuro de estas ayudas, integradas en el Plan Integral para el Desarrollo de Ceuta y Melilla que expira en 2026, permanece en el aire.

La iniciativa popular, firmada por el senador Javier Arenas, respondía a la derogación del modelo anterior tras la aprobación del Real Decreto-ley 1/2023, cuyo artículo 31 reemplazó la bonificación del 50% por una ayuda fija de 262 euros mensuales por trabajador, condicionada a 20 horas de formación anual. El nuevo sistema, que entró en vigor el 1 de septiembre de 2023, supuso la eliminación de uno de los pilares del régimen económico especial de ambas ciudades.

El PP defendió entonces que el cambio normativo resultaba “desconocido y eminentemente más perjudicial” para el tejido productivo local, al generar un impacto negativo en el empleo, la competitividad y la seguridad jurídica. Por ello, la proposición de ley solicitaba derogar el citado artículo y restablecer la disposición adicional vigésima tercera de la Ley General de la Seguridad Social, donde se reconocía la bonificación del 50% a las empresas ceutíes y melillenses.

El texto también cuestionaba la eficacia del Real Decreto 660/2023, que creó un sistema de subvenciones compensatorias para cubrir la diferencia hasta el 50%. Aunque esta norma permitía solicitar ayudas equivalentes al antiguo modelo, obligaba a las empresas a adelantar el importe y recuperarlo en el siguiente ejercicio fiscal, lo que provocó tensiones de liquidez y críticas de asociaciones empresariales.

Según el grupo popular, el nuevo esquema había provocado “una ralentización en las contrataciones” y aumentaba el coste administrativo para el Estado, además de carecer de fundamento presupuestario. La formación recordaba asimismo que la bonificación implantada en 2004 surgió de un amplio consenso político, empresarial y sindical, incluyendo la obligación de trasladar parte del ahorro a los trabajadores mediante un complemento retributivo.

El documento destacaba además la singularidad geográfica y económica de Ceuta y Melilla: su aislamiento peninsular, la falta de industria, la fuerte dependencia del sector servicios y la presión añadida de ser frontera terrestre con Marruecos. En ese marco, las bonificaciones del 50% se consideraban una herramienta imprescindible para compensar desventajas estructurales y sostener el empleo.

La proposición de ley no prosperó y el sistema que continúa vigente es el de subvenciones temporales ligado al Plan Integral 2023-2026. El modelo actual, limitado a contratos indefinidos y excluyendo a los temporales, sigue generando debate político y preocupación empresarial.

A día de hoy, persiste la incógnita que ya se planteaba en 2023: si el compromiso del Gobierno de equiparar las tasas de paro de Ceuta y Melilla a la media nacional se cumple, ¿desaparecerán las ayudas que durante dos décadas han apuntalado su mercado laboral? El diputado ceutí Javier Celaya ha reiterado en varias ocasiones que sí, defendiendo que estas bonificaciones “no son un privilegio”, sino un mecanismo para equilibrar las condiciones de partida de las dos ciudades autónomas.

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