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El ex secretario general del Partido Socialista de Melilla-PSME y actual diputado autonómico, se enfrenta a una pena de 28 años de cárcel si es condenado por los siete delitos por los que será enjuiciado en el llamado caso "voto por correo", según han informado a MELILLA HOY fuentes jurídicas. Sumados los años de prisión que contemplan cada uno de los delitos por los que será enjuiciado, en caso de ser condenado, afrontaría a una de las mayores penas con los que ha sido castigado un político español. El caso de Dionisio Muñoz se sumaría al de su otrora enemigo y hoy aliado Ignacio Velázquez, presidente del PPL, que está condenado a 15 años de inhabilitación especial por la comisión de sendos delitos de prevaricación. Muñoz y Velázquez, junto con Gustavo Cabanillas y Juan José Medina, forman el "bloque" que intenta derribar el Gobierno de Imbroda (PP). Dionisio Muñoz, junto con otros miembros de su partido, está acusado de la comisión de varios delitos por la supuesta "compra de votos" en las elecciones generales de 2008.
Según el auto de imputación emitido en su momento por el juzgado, el procedimiento surge a partir del envío a los ciudadanos de unas cartas "falsas" con motivo de esos comicios generales de marzo de 2008. El juez consideró que existen indicios de la existencia de un "entramado" conformado por diversas personas que han pretendido la "obtención ilegítima" de votos a favor de la coalición CPM-PSOE.
Muñoz, que primero tuvo la condición de "imputado", ahora ha pasado a la de "procesado" y pendiente de sentarse en el banquillo de los acusados, según fuentes jurídicas.
Entre los delitos a los que se enfrentaría, apuntaron las citadas fuentes, estarían los siguientes.
Delito electoral: multa de seis meses a 24 meses/prisión de seis meses a tres años o multa de doce a 24 meses.
Delito contra la administración pública: Multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público/prisión de tres a siete años y multa de de 18 a 24 meses
Delito de asociación ilícita: Prisión de 2 a 4 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 a 12 años/prisión de uno a tres años y multa de doce a 24 meses.
Delito de prevaricación: Pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.
Delito de tráfico de influencias: Prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido y obtenido e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años.
Delito de malversación de caudales públicos: Prisión de tres a seis años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez años/ de cuatro a ocho años y la de inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años.
Delito de fraudes: Prisión de uno a tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años.
De la mano de Velázquez, Gustavo Cabanillas y Juanjo Medina
Si fuese encontrado culpable de estos delitos, se pondría ya a la altura de su aliado Ignacio Velázquez en su intento por tumbar al Ejecutivo del PP. Velázquez está condenado a 15 años de inhabilitación por sendos delitos de prevaricación cometidos durante su etapa como presidente de la Ciudad en los años noventa.
Aunque en principio antagonistas, Muñoz y Velázquez conforman "una sociedad" política junto con el presidente de Cablemel, Gustavo Cabanillas y el ex director de TVM Juan José Medina, en su afán por derribar al Gobierno de Juan José Imbroda, los primeros desde el escenario político y los segundos desde los medios de comunicación que controlan.
Cabanillas es en la actualidad el empresario de la ciudad que más subvenciones recibe de la administración pública, con una media de 9 millones de euros anuales, y Medina es el elemento que llevó a la televisión pública a sus cotas más bajas de audiencia y de mayor desprestigio durante los años en las que la dirigió.
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