La consulta sobre el derecho a decidir de los catalanes -"¿Quiere que Catalunya se convierta en un Estado y, en caso afirmativo, que este Estado sea independiente?"- está cada vez más en el aire. Por esa razón, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, está cada día más cerca de anunciar que la consulta sobre la independencia de Cataluña no se podrá celebrar legalmente. Haya o no un plan B para Cataluña, Artur Mas debe pensar al menos en un plan B para él y para su partido, a riesgo de quedarse sin papel en este nuevo escenario que se abre ahora. Como dijo Francesc Homs, el portavoz del Govern, "se ha acabado el tiempo de las especulaciones y llega la hora de las decisiones".
En Cataluña está en cuestión el propio derecho a decidir desde el punto de vista legal pero es evidente que la situación también exige una respuesta política, ya que la mayoría de los catalanes son partidarios de ese derecho. Así se desprende de las encuestas y también del análisis del voto a los partidos partidarios del mismo.
El problema legal de la consulta exige una reforma de la Constitución española, a la que está sometida la propia legalidad catalana. Por tanto, solo un nuevo consenso constitucional podría encauzar esa situación, lo cual no parece probable a corto plazo. La opción de romper la legalidad española, sugerida por Carme Forcadell, líder de la Assamblea Nacional Catalana, tampoco parece probable con CiU en el Govern.
En este contexto, solo el diálogo político entre Barcelona y Madrid podría aportar una salida. Diálogo, no monólogo, ya que Mariano Rajoy y Artur Mas en realidad se limitan a recitar dos monólogos, cada uno encastillado en sus posiciones, como bien observa el periodista José Antonio Sorolla: Rajoy anclado en una legalidad que no quiere modificar y Mas abanderado de una consulta a la que no quiere renunciar. También cabe una convocatoria electoral, de la que el presidente Mas tiene la única llave, pero eso tal vez le ilusiona más a ERC que a CiU y al PP. ¿O no?
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Diálogo y no monólogo
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