La magistrada del Tribunal Supremo Susana Polo ha acordado que la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) ejerza la acusación popular en la causa en la que se investiga al expresidente catalán Carles Puigdemont y al diputado catalán Ruben Wagensberg por presunto terrorismo los disturbios atribuidos a la plataforma independentista ‘Tsunami Democràtic’. (Foto Europa Press).
En un auto de este miércoles, recogido por Europa Press, la instructora de la causa acuerda que «el ejercicio de la acción popular en la presente causa sea ejercido bajo una misma dirección y representación, que corresponde al primer compareciente en legal forma»: la asociación presidida por Daniel Portero.
La magistrada toma esta decisión «ante la falta de acuerdo» entre todas las acusaciones populares en la vista celebrada este martes en el alto tribunal. La misma reunió a todas ellas –DyJ, Vox y Sociedad Civil Catalana– para valorar si podían «concurrir en única representación y defensa».
Polo explica que, después de no alcanzarse un pacto, «debe ser el criterio objetivo de prioridad en la personación ante este tribunal el que imponga la preferencia». «En este caso, la Asociación Dignidad y Justicia que se personó en las actuaciones el 6 de febrero de 2024», señala.
Cabe recordar que Polo ha citado a Puigdemont y Wagensberg para que declaren de forma voluntaria por videoconferencia entre el 17 y el 21 de junio en el marco de la causa penal que abrió el Supremo el pasado febrero por presuntos delitos de terrorismo.
El alto tribunal asumió la competencia sobre los hechos relativos a ambos dirigentes a petición del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que continúa investigando a otra decena de personas por los disturbios atribuidos a la plataforma independentista.
La citación de Wagensberg y Puigdemont es la primera diligencia que ordena Polo desde que recibiera el encargo de instruir la causa. El asunto está en manos del Supremo toda vez que ambos gozan de la condición de aforados –uno por ser eurodiputado y otro por ser diputado del Parlament pero al investigarse hechos cometidos fuera de Cataluña–.
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