Detienen a ocho personas relacionadas con dos matrimonios de conveniencia para obtener autorizaciones de residencia de manera fraudulenta

Agentes de Policía Nacional adscritos a la Unidad Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (UCRIF) de Melilla han detenido a ocho personas como presuntas autoras de un delito de falsedad documental y otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros al estar vinculadas con dos matrimonios de conveniencia para la obtención de autorizaciones de residencia en España de manera fraudulenta.

Según ha relatado en una nota de prensa el cuerpo, la investigación se remonta al mes de julio de este año, cuando los investigadores tuvieron conocimiento de la posible celebración de un matrimonio de conveniencia en el que habrían intervenido una ciudadana española residente en Melilla y un nacional marroquí en situación administrativa irregular, habiendo solicitado éste último una autorización de residencia como cónyuge de ciudadana comunitaria ante la Oficina de Extranjeros de Melilla, resultando denegada.

En el segundo caso, el inicio de la investigación se remonta a mediados de agosto, cuando los investigadores tuvieron conocimiento de la inscripción en el Registro de Pajeras de Hecho de una unión entre dos mujeres que mantenían un relación “ficticia”, y que se materializó a principios de abril entre una ciudadana española residente en Castellón y una ciudadana colombiana afincada en Melilla. Ésta última, demandante de protección internacional con la finalidad de obtener en favor de esta última, una autorización de residencia como pareja de hecho de una ciudadana comunitaria ante la Oficina de Extranjeros de Melilla, resultando también denegada.

Falsedad documental

Teniendo en cuenta que la información recibida encajaba con la dinámica seguida para la comisión de este tipo de ilícitos, agentes policiales procedieron a la comprobación de la documentación inherente al proceso y detectaron elementos de falsedad en los documentos notariales que daban fe de la supuesta unión.

En ambos casos, se remitieron los correspondientes atestados a la Autoridad Judicial competente, incoándose los consiguientes procedimientos judiciales.

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