La Policía Nacional ha detenido en Melilla a cuatro personas relacionadas con un fraude en la adjudicación de subvenciones por un importe total que asciende a 370.000 euros desde 2017, concretamente al expresidente del AMPA de un Colegio Público de Melilla que no ha sido detallado, a tres de sus colaboradores, y otras nueve personas están siendo investigadas. Según ha informado este jueves un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Melilla, a principios del año pasado la Policía Nacional tuvieron conocimiento de ciertas irregularidades en la publicación en el Boletín Oficial de Melilla (BOME) de un convenio de colaboración excepcional por importe de más de 60.000 euros, suscrito entre la Asociación de Madres, Padres y Alumnos (AMPA) de un centro escolar y la extinta Consejería de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana de la Ciudad Autónoma de Melilla (CAM), por lo que iniciaron una investigación de la que se hicieron cargo agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de dicha jefatura.
Las primeras indagaciones dieron como resultado la identificación de una persona, anterior presidente del AMPA, que desde 2019 no residía en Melilla y que, sin embargo, disponía del control de la cuenta bancaria de la asociación.
El portavoz policial ha explicado que el AMPA objeto de la investigación habría recibido desde el año 2017 múltiples fondos públicos y privados relativos a contratación pública, subvenciones, ayudas y convenios suscritos con la Ciudad Autónoma de Melilla (CAM), así como subvenciones y ayudas del Ministerio de Educación, del Instituto de la Juventud, de un partido político, de la Unión Europea y de asociaciones sin ánimo de lucro nacionales e internacionales de carácter privado, todo ello por un importe total que asciende a 370.000 euros.
Los investigadores de la UDEF han podido identificar en el AMPA la existencia de trabajadores «fantasma», sin actividad laboral y sin retribuciones, que solo servían para la justificación de las subvenciones recibidas, trabajadores revestidos de supuestos «voluntarios», trabajadores en precario sin contrato y uso de trabajadores en situación administrativa irregular.
En el curso del análisis de las cuentas bancarias los investigadores han identificado diversas transferencias, con origen en la cuenta del AMPA y destino en una cuenta del principal investigado, así como en cuentas cuya titularidad correspondía a su exmujer, familiares y asociaciones vinculadas al principal investigado, todo ello por un importe superior a los 60.000 euros.
Asimismo pudieron determinar la existencia de una tarjeta de débito, siendo el usuario de la misma el principal investigado, mediante la cual «se ha acreditado la existencia de diversos usos fraudulentos, sufragados con los fondos públicos recibidos en la cuenta bancaria que van desde compras de billetes de avión a Europa y Sudamérica, adquiridos para trabajadores del AMPA y para otras personas afines o cercanas, hasta múltiples compras en una conocida plataforma de comercio electrónico, coches de alquiler, viajes en barco, autobús, numerosos productos de deportes, electrónica y otros productos de uso doméstico», gastos sin relación alguna con el objeto de la subvenciones y ayudas recibidas, todo ello por un importe superior a los 30.000 euros.
También habían recibido fondos cuyo objeto principal era paliar los efectos del Covid. Sin embargo , ha destacado el portavoz policial, «la asociación no destinó ni un solo euro a gastos relacionados con el coronavirus».
Acusado de apropiación indebida, falsedad documental, usurpación de estado civil y estafa agravada
El principal encausado y presunto autor de los hechos fue puesto a disposición judicial por los delitos de fraude en las subvenciones, apropiación indebida, falsedad documental, usurpación de estado civil y estafa agravada, no obstante, debido al volumen y complejidad de las investigaciones, éstas continúan abiertas.
En relación con el convenio suscrito en el año 2023 con la entonces Consejería de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana de la CAM, la Policía Nacional ha señalado que en «nunca presentaron justificación alguna del destino de los fondos públicos obtenidos, como era preceptivo, ni consta en el expediente que el órgano administrativo competente de la CAM reclamase justificante alguno».
Según la citada fuente, «la trama criminal había urdido una red clientelar de personas afines a la asociación que bajo el paraguas de la finalidad social, de las notables carencias de los alumnos que acuden al centro escolar y aprovechándose del trabajo de muchos voluntarios que de buena fe participaban en sus actividades, les habría permitido obtener cuantiosos fondos públicos y privados, que no eran adecuadamente destinados al fin social para el que debían haber sido destinados, sino al enriquecimiento personal del principal investigado, de sus familiares y de personas afines».
Los investigadores han intervenido numerosa documentación y evidencias digitales, y han procedido al bloqueo de 10 cuentas bancarias que tras su análisis han permitido determinar que los fondos públicos y privados no habían sido destinados al fin para el que fueron otorgados y, en especial, de los fondos públicos recibidos de las distintas administraciones se ha podido constatar un uso arbitrario, opaco y discrecional por parte del principal investigado.
La operación policial desarrollada en las ciudades de Melilla y Granada ha culminado con la detención de cuatro personas, entre ellas el que fuera presidente del AMPA y tres colaboradores del mismo. La investigación policial y el bloqueo de las cuentas bancarias, ordenado por la autoridad judicial, «ha impedido el mal uso de los fondos aún existentes en dicha cuenta de la asociación» ha resaltado.
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