La Guardia Civil detiene a un empresario por fraude en subvenciones públicas.
La Guardia Civil le atribuye delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública tras presentar avales y seguros falsos para obtener ayudas gestionadas por PROMESA
La Guardia Civil ha detenido en Melilla a un empresario como presunto responsable de un fraude cercano a los 300.000 euros en subvenciones públicas concedidas por la Ciudad Autónoma a través de la sociedad pública PROMESA, tras detectar que habría presentado documentación falsa para garantizar la concesión de ayudas destinadas a la generación de empleo.
Según ha informado este miércoles un portavoz de la Comandancia, la investigación ha sido desarrollada de forma conjunta por la Unidad Orgánica de Policía Judicial y la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal (UDAIFF). Las pesquisas se iniciaron tras detectarse irregularidades en varias ayudas tramitadas por PROMESA, entidad dependiente de la Ciudad Autónoma.
De acuerdo con las investigaciones, el detenido, a través de una red de cuatro empresas bajo su control, solicitó subvenciones que alcanzaron un importe aproximado de 300.000 euros. Para asegurar la recepción de estos fondos, habría presentado documentos de seguros y avales que resultaron ser completamente falsos.
La maniobra derivó en la denuncia tanto de la entidad aseguradora suplantada como de la propia Ciudad Autónoma, al apreciarse indicios de un presunto delito contra la Hacienda Pública.
A diferencia de otras ayudas, estas subvenciones no eran a fondo perdido, ya que el beneficiario tenía la obligación legal de reintegrar las cantidades percibidas. Sin embargo, la investigación ha acreditado que el empresario no devolvió el dinero subvencionado, lo que habría causado un grave perjuicio económico a las arcas públicas de Melilla y, al menos, a dos empresas privadas del sector.
La denominada operación ‘CAJU’, tutelada por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Melilla, ha culminado con la detención de un varón adulto, empresario y residente en la ciudad, al que se le atribuyen, con indicios sólidos, los delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
La investigación se ha prolongado durante varios meses e incluyó un intenso análisis documental, rastreo de cuentas bancarias y coordinación entre las unidades implicadas.
Con esta actuación, la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla ha subrayado su compromiso en la lucha contra la delincuencia económica y en la protección de los intereses de la ciudadanía y del tejido empresarial frente a conductas que atenten contra la estabilidad económica de la sociedad melillense.
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