Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en Rivas Vaciamadrid (Madrid) el mayor laboratorio de falsificación documental localizado hasta la fecha. Se ha detenido a 12 personas que conformaban una organización que, principalmente, falsificaba la Tarjeta de Residencia de Familiar Comunitario aunque también realizaban una gran variedad de documentos por los que cobraban hasta 5.000 euros. Los investigadores realizaron nueve registros, localizando en uno de ellos un avanzado y sofisticado laboratorio que refleja la profesionalidad de los falsificadores y la alta calidad de los elementos que elaboraban, contando con la infraestructura necesaria para llevar a cabo todas las falsificación sin requerir laboratorios complementarios. Entre los efectos intervenidos destacan dos grabadoras láser CNC, dos prensas de impresión tampográfica y termográfica y unas 2.000 tarjetas en blanco (PVC y PC), la mayoría de ellas con el chip incorporado.
La investigación se inició el pasado mes de junio de 2018. Los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización criminal dedicada a la falsificación de documentos de identidad para facilitar la introducción en nuestro país de ciudadanos marroquíes. Tras constatar los hechos y realizar diversas gestiones comprobaron que la red estaba liderada por ciudadanos argentinos y españoles que contaban con una red de intermediarios de origen marroquí. Los intermediarios se encargaban de facilitar a sus compatriotas las documentaciones a través de familiares que estuvieran en España.
Una vez elaborado el documento, los falsificadores los hacían llegar a los intermediarios mediante mensajería postal realizándose el pago a través de transferencias bancarias o entidades de envío de dinero. Una vez que los documentos estaban en posesión de sus destinatarios en Marruecos, estos accedían a territorio español por vía aérea en vuelos directos o a través de las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla.
El pago de los usuarios finales variaba en función del tipo de documento. Por los pasaportes se pagaban 5.000 euros, mientras que por los permisos de residencia y de conducción alrededor de los 800 y los 1.500 euros. La variedad de documentos que falsificaban era muy elevada, muestra de su profesionalización, ya que elaboraban pasaportes -italianos, argentinos y marroquíes-, cartas de identidad francesas o italianas, visados estadounidenses o tarjetas de residencia de España (régimen general y comunitario).
Los agentes constataron que no se dedicaban únicamente a la venta de documentos falsificados para la entrada ilegal en España, sino que también eran utilizados para la constitución de empresas, la apertura de cuentas bancarias, la solicitud de créditos o la obtención de permisos de conducir. En algunos casos se ha detectado la presentación a lo exámenes de otras personas, previa manipulación de la fotografía y del chip del pasaporte español de los interesados.
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