Desierta la convocatoria para la plaza de interventor de la Ciudad

La convocatoria para el puesto de interventor general de la Ciudad Autónoma ha quedado desierta. Tampoco han respondido a la convocatoria para el cargo de viceinterventor. Al respecto, Daniel Conesa indicó que la ley permite designar de forma accidental a un funcionario propio con la preparación adecuada. Según apuntó el consejero, uno de los motivos por el que queda desierta puede ser la retribución económica o las responsabilidades. La convocatoria para la provisión del puesto de interventor general de la Ciudad Autónoma ha sido declarada desierta. Así se anunciaba ayer en el Boletín Oficial de la CAM (BOME). Tampoco se han presentado solicitudes para el puesto de viceinterventor, según confirmó ayer Daniel Conesa en rueda de prensa.
Al respecto, indicó que esta era la cuarta convocatoria que quedaba desierta. «El puesto de interventor pertenece a un habilitado nacional. Si no se puede cubrir con un habilitado nacional, la ley nos permite que designemos de forma accidental a un funcionario propio con la preparación adecuada», explicó Conesa.

Aumentar la retribución económica como aliciente
Indicó el consejero que, pese a que el puesto de interventor general de la Ciudad Autónoma de Melilla cuenta con un salario mensual de 4.500 euros, se están replanteando aumentar la remuneración a modo de aliciente para que no queden desiertas las convocatorias.
Al respecto, indicó que en otros territorios con volumen de trabajo similares al de Melilla la retribución es mayor. «Ese puede ser el motivo, que en Melilla no esté lo suficientemente bien pagado», explicó.

Con la vista en octubre
Según apuntó, a finales del año saldrá una nueva promoción de interventores que ahora se encuentra en fase de formación. «En ese horizonte temporal es posible que el Ministerio destina a Melilla a un habilitado nacional para que cubra el puesto de interventor o viceinterventor. Es un problema cuya resolución no se prevé antes del mes de octubre», avisó el consejero de Economía.
En este sentido, argumentó que se trata de un puesto que «cada día tiene más responsabilidades», ya que se ocupa de culminar los procesos administrativos a través de las autorizaciones para pagar los proyectos y convenios que cuentan con dinero público.

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