El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha insistido una vez más en lo «incomprensible e injustificable» de su citación como investigado en el caso del nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Martín, que el miércoles acudió a declarar tras la citación del juez Juan Carlos Peinado, ha destacado este viernes en declaraciones desde la Delegación del Gobierno en Madrid los recursos presentados tanto por la Abogacía del Estado como previamente por la Fiscalía de la Comunidad de Madrid.
«Confío en que la Audiencia Provincial lo antes posible clarifique cuál es mi condición, ya que para nosotros es absolutamente incomprensible el que se me pueda calificar como investigado en un procedimiento del que me siento absolutamente alejado y que no tienen nada que ver con la cuestión por la que se me calificaba como investigado, que era el nombramiento de una persona», ha manifestado, en una rueda de prensa en la sede de la Delegación.
Martín ha reiterado que durante su etapa en la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, «no tenía competencias» para estos movimientos. «Es una cuestión meridianamente clara, como pude declarar ante el juez Peinado», ha dicho. Por tanto, ha mostrado su total confianza en que lo que corresponde en este asunto es «el archivo de la querella por falta de ningún tipo de justificación».
La imputación de Martín surge de una querella presentada por Vox –incluida ahora en la causa contra Begoña Gómez– que se centra en el nombramiento y funciones de la asesora de La Moncloa Cristina Álvarez para atender a la esposa del presidente del Gobierno, y en la participación que pudo tener en estos hechos el ahora delegado del Gobierno.
Cabe recordar que la asesora de Gómez empezó a trabajar en Moncloa en el verano de 2018, cuando Martín ejercía como jefe del gabinete técnico de la Secretaría General de Presidencia; éste no asumió el cargo de secretario general hasta julio de 2021. La Fiscalía ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que anule la imputación y la Abogacía del Estado ha presentado también un recurso.
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