El presidente del Gobierno local, Eduardo de Castro, mostró su rechazo a la amenaza de huelga indefinida del servicio de limpieza desde el primer día de la Feria de Melilla, el 3 de septiembre. Y aunque admitió que es un derecho que los trabajadores tienen reconocido en la Constitución Española, insistió en el perjuicio que supondrá para la población melillense no contar con un servicio público imprescindible en una época de calor como esta y, sobre todo, en unas fiestas patronales muy esperadas por todos tras dos años de parón por la pandemia.
“Los ciudadanos no tienen por qué pagar los platos rotos”, dijo el presidente melillense, que instó a que no se utilice la huelga “como una especie de secuestro de la población”. Por ello, cree que “si los trabajadores tienen problemas con la empresa, que deben tenerlos, y a lo mejor con toda la razón, deberían llegar a un acuerdo” ambas partes.
Así, subrayó que Melilla necesita estar limpia, “y más con estos calores” que se están produciendo este verano. Y sobre todo, incidió, “en una Feria que desde 2019 no se celebra”. “Los ciudadanos tienen derecho a tener una feria, a tener limpieza en las calles y ese tipo de tranquilidad”, agregó para defender la necesidad de que no se llegue a un paro laboral indefinido en este servicio.
En cualquier caso, De Castro pidió no perder de vista que se trata de un problema que tiene Valoriza con los trabajadores y que es una empresa a la que se le paga con dinero público por prestar el servicio de limpieza.
La prórroga
Respecto al escrito de impugnación de la prórroga de dos años del contrato de limpieza que le ha presentado el Comité de Empresa de Valoriza, De Castro dijo que solo ha podido mirarlo “por encima”. Pero, de todos modos, puntualizó que el hecho de que se haya prorrogado el contrato “no tiene nada que ver” con el problema que se está planteando ahora y que podría derivar en la primera huelga de limpieza en Melilla en casi 30 años.
En este punto, aclaró que la prórroga “venía impuesta por el contrato anterior” y, por lo tanto, “no se trata de un capricho”, sino que “sencillamente, es una cuestión legal”.
El contrato, aclaró De Castro, era prorrogable por dos años, o el tiempo que se acordara con la empresa adjudicataria hasta que pueda empezar un nuevo contrato para desarrollar el servicio.
“La prórroga había que hacerla, según mi criterio, basado en criterios legales, a no ser que en ese momento que terminaba el contrato hubiese otro contrato para empezar a funcionar, que todavía no lo hay”, explicó el presidente de la Ciudad Autónoma.
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