El presidente de Melilla, Eduardo de Castro, avanzó ayer su disposición a cesar a los seis miembros no electos de su Gobierno para acatar la sentencia del Tribunal Supremo a raíz de un caso del Ejecutivo de Ceuta, aunque no tomará la medida hasta que no tenga en su poder los informes jurídicos que ha solicitado. A preguntas de los periodistas, De Castro insistió en que la sentencia “hay que acatarla” y su Gobierno “está en ello”, al tiempo que avanzó que sabe “cuál es la decisión desde el primer momento”, aunque precisó que será “una decisión con documentos y los informes preceptivos”.
“Si ahora hay que hacer el cese de consejeros y viceconsejeros que están afectados por esto, se hará en su momento, pero con los uniformes pertinentes, no cuando quiera el PP”, señaló De Castro para responder a las peticiones públicas que diversos dirigentes populares han realizado desde que el jueves se dio a conocer dicha sentencia del TS.
De Castro recordó que la formalización de los decretos de cese corresponde, tal y como indica el Estatuto de Autonomía y el Reglamento del Gobierno, al presidente de la Ciudad Autónoma, que ahora es él, e insistió en que lo hará “cuando tenga la cobertura legal para hacerlo” y no “con la inmediatez que ellos [los partidos de la oposición] pretenden”.
Una decisión “ya tomada”
Para ello, está a la espera de que le entreguen los informes que ha solicitado al Departamento de Desarrollo Autonómico de la Ciudad Autónoma, a la Abogacía del Estado, los servicios jurídicos de la Ciudad Autónoma y el secretario general de dicha administración.
“Voy a tener, al menos, tres o cuatro informes que van a avalar esa decisión, que ya está tomada, pero hay que materializarla con esos informes”, incidido De Castro tras recordar que su antecesor, Juan José Imbroda, solo solicitó un informe al Departamento de Desarrollo Autonómico tras producirse la primera sentencia en este sentido por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Así, respondió al PP que, tras aquella primera sentencia, el anterior presidente “mantuvo a todo el mundo en su sitio, incluso algunos que estaban imputados”, y puso el acento en lo “totalmente irregular” que fue nombrar vicepresidente a una persona no electa, Manuel Ángel Quevedo, quien “incluso estuvo sustituyendo al presidente”.
“No vinculante”
Ahora, sobre la sentencia del TS, De Castro dijo que “no es vinculante para Melilla” porque se refiere al caso de una viceconsejera de Ceuta y, aunque el Gobierno melillense “podría continuar” tal y como hasta ahora, con sus miembros no electos, el presidente considera que “hay que tener responsabilidad” y “no esperar a que esa doctrina que sienta el Tribunal Supremo sea usada por cualquier ciudadano”.
“Hay que negociar” la alternativa
Según indicó, “desde el primer momento” que conoció la sentencia del Supremo, que “obliga indirectamente” a cesar a seis de miembros no electos, su Gobierno está estudiando alguna alternativa, aunque “eso hay que negociarlo y hay que verlo”.
En cualquier caso, avanzó que los posibles cambios implicarán “simplemente, mover algunos de los electos de sitio y ya está”, ya que el Gobierno melillense “seguirá con las mismas consejerías y la misma estructura”.
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