Cuenta atrás para reconocer el pleno ejercicio del derecho al voto de miles de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo

Hoy los grupos parlamentarios tomarán una decisión histórica para decenas de miles de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias. La sala Constitucional del Congreso acogerá la votación de la proposición de Reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) mediante la cual se permitirá el ejercicio de su derecho al sufragio a 100.000 personas incapacitadas, que de este modo podrán votar en las próximas elecciones de 2019.

Plena Inclusión
Esta medida, ampliamente demandada por Plena inclusión a través de su campaña #MiVotoCuenta, afecta a decenas de miles de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo sometidas a estas incapacitaciones. Junto a la posibilidad de votar, Plena inclusión reclama procesos y programas electorales accesibles que permitan a estas personas ejercer su derecho en igualdad de condiciones que el resto
Esta modificación recoge una reformulación del artículo III de la Ley Electoral, que elimina los apartados que limitan el ejercicio del derecho al sufragio de, entre otros, "los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio". Y también añade una disposición adicional para -de acuerdo a la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad-, dejar sin efecto a partir de su entrada en vigor "las limitaciones en el ejercicio del derecho de sufragio establecidas por decisión judicial fundamentadas jurídicamente", añadiendo además que "las personas a las que se les hubiere limitado o anulado su derecho de sufragio por razón de discapacidad quedan reintegradas plenamente en el mismo por ministerio de la Ley".

Todo ello se traduce -de ser aprobada esta modificación y pasar automáticamente al Pleno Parlamentario para su aprobación final-, en la restitución automática del ejercicio del derecho al voto de 100.000 personas incapacitadas en España, la mayoría de ellas personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

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