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Cuando la Justicia funciona

La Justicia que tenemos está tan necesitada de reformas y de medios como de ese gran Pacto que ponga fin a la utilización partidista de uno de los poderes del Estado. Queda mucho por hacer para que deje de ser tan lenta y para que las sentencias se cumplan en su totalidad y no, como sucede en algunos órdenes jurisdiccionales, sólo al sesenta por ciento.

La Justicia lenta y la Justicia que no se cumple no son Justicia. Son otra cosa. Pero en la Justicia real, la que aplican los jueces, en su inmensa mayoría independientes, hay, de vez en cuando buenas noticias que deberían hacernos pensar que, con todos los problemas, la Justicia funciona y que muchas veces, los ciudadanos son bastante iguales ante la ley.

Los cabecillas de Gürtel ya están en la cárcel con prisión provisional comunicada sin fianza y hay otros políticos que en las próximas horas cambiarán su casa por el hotel penitenciario en el que la Justicia ha dicho que deben estar. Al mismo tiempo, el ex presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el ex gobernador del Banco de España y otros muy altos directivos del banco central están siendo investigados por el juez por la salida a bolsa de Bankia y han dejado sus cargos. Es cierto que el corporativismo ha rebrotado -nunca dejó de estar presente en aquella exclusiva casa-, que la Comisión Ejecutiva ha mostrado su apoyo a los que el juez pone bajo sospecha y que hasta se han recogido firmas de apoyo para los funcionarios investigados. Pero la Justicia no se detiene y sigue su marcha. Lenta, ya lo he dicho antes, pero con consecuencias. Aunque debe funcionar la presunción de inocencia hasta que el juez diga otra cosa, durante mucho tiempo los que debían ser responsables ignoraron las señales de alarma y de alerta que venían de dentro y de fuera y miraron para otro lado. Aunque como dicen algunos, actuaron «según la ley y por la estabilidad financiera», no por ello dejan de ser responsables del daño causado a muchos accionistas y a todos los ciudadanos que hemos tenido que pagar esos errores. Y, sobre todo, lo son de no haber cumplido con rigor la vigilancia debida y haber permitido que unos pocos estafaran a todos. La Justicia decidirá.
Por otro lado, está el asunto catalán. El Tribunal Constitucional ha anulado el plan del ilegal referéndum soberanista y ha abierto la vía penal contra la presidenta del Parlament y otros cuatro miembros de la mesa de la cámara, al margen de las actuaciones judiciales ya emprendidas contra Más, Homs y compañía. Las amenazas a la fiscal jefe de Barcelona, las afirmaciones de la consellera de Presidencia Neus Munté de que «ninguna resolución de ningún tribunal alterará nuestra voluntad» y, lo que es más grave, la del presidente Puigdemont de que «la democracia española está enferma» son graves e irresponsables, pero no van a frenar a la Justicia. Y esa, repito, es una buena noticia. El respeto a la ley es fundamental en un Estado de Derecho. Y si se la saltan los que deben velar que todos los ciudadanos la cumplan, no hay otro final que enfrentarse con la Justicia.