Casi una treintena de personas de los sindicatos CSIF y UGT se concentraron ayer frente a la Delegación del Gobierno pidiendo una equiparación salarial ya que señalan que es "injusto que en todo el territorio que gestiona directamente el Ministerio de Justicia haya una diferencia en el complemento salarial de 600 euros con respecto al territorio gestionado por las Comunidades Autónomas". Juan Manuel Domenech, presidente del sector autonómico de Justicia de CSIF, explica que "puede haber una diferencia en el mismo puesto de trabajo y haciendo la misma función en torno a 600 euros de diferencia". Además, afirma que "esto no solo incumbe a Melilla porque el Ministerio gestiona Castilla León, Castilla La Mancha, Murcia, Extremadura, Islas Baleares, órganos centrales y Ceuta".
También, CSIF pide que se derogue una "reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que hay ahora mismo en marcha, que supone un nuevo recorte a nuestros derechos laborales, hasta el punto de que se pretende suprimir los actuales destinos, estableciendo la movilidad forzosa y discrecional de centenares de profesionales".
Domenech asevera que "hasta la fecha no sabemos si vamos a disponer de un Registro Civil público y gratuito gestionado por la Administración de Justicia porque la actual normativa esta prorrogada hasta el 1 de julio y esperamos que no se le dé a otros operadores jurídicos". En esa línea, expresa que "los trabajadores entrarían en peligro no solamente en Melilla sino en toda España ya que lo llevan los Juzgados de Paz y si esto se le da a otros operadores estaríamos hablando de un caos".
Además, el presidente del sector autonómico de Justicia de CSIF manifiesta que "si no se nos escucha, el próximo 13 de abril habrá otra concentración en las Torres V Centenario y ya se verían en resultados de la negociación si hacemos una huelga". Esta acción sindical se está promoviendo en todos los territorios de Ministerio, siendo una acción conjunta con distintos sindicatos.
Sonia Rama, responsable de la Administración General del Estado (AGE) de FSP-UGT, solicitan a través de una recogida de 10.000 firmas que han realizado desde febrero para apoyar un incremento del complemento especifico; establecimiento de complementos especiales en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y otros órganos de especial dificultad; eliminación de los descuentos en las bajas por IT, extensión de la productividad.
También, solicitan un incremento de la acción social; un nuevo plan de formación con suficiente dotación presupuestaria; conversión de todos los refuerzos estructurales en plazas de plantillas e incrementos del personal donde las cargas de trabajo lo justifiquen y una negociación de las sustituciones, comisiones de servicio y adscripciones provisionales;
Por último, una negociación de un Plan de Igualdad y medidas para la conciliación de la vida laboral, personal y familiar y un plan de actuación por contingencias especiales en guardias y celebración de juicios.
Los sindicatos realizan varias revindicaciones
FSP-UGT y CSIF creen que “ya ha llegado el momento de reclamar con toda contundencia una actualización sustancial del complemento específico que debe acercarse a lo más posibles al de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas que mayores cantidades tienen asignadas por este concepto”. Además, solicitan una negociación de las condiciones de trabajo que deben ser mejoradas, retribuciones, formación, empleo, salud laboral e igualdad.
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