La Central Sindical Independiente y de Funcionarios en Melilla (CSIF) y JUSAPOL se concentraron ayer en la Plaza de España junto al monolito de la Constitución por «la dignificación de la labor de los empleados públicos y la defensa de la negociación colectiva y de los servicios públicos».
Al grito de ‘Montero negocia’ o ‘ Montero, escucha, esta es nuestra lucha’ -en alusión a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ambos sindicatos se volvieron a movilizar ante la «inactividad» de la Administración central «que imposibilita seguir avanzando» en la consecución de dichos objetivos.
Según denuncian, «las situaciones vividas» en los últimos años han revelado las «deficiencias existentes en el sistema» con una «política de recortes» que ha supuesto una «disminución significativa de los recursos humanos destinados a la prestación de los servicios más esenciales».
«Las insuficiencias del sistema solo se han salvado gracias a la encomiable labor de las empleadas y empleados públicos, a los que se les ha pedido un esfuerzo en ocasiones sobrehumano, obteniendo de estos una respuesta modélica pese a no tener ninguna responsabilidad en las carencias estructurales de las que adolecen las distintas administraciones», afirman, asegurando que estos profesionales públicos han tenido que «doblar turnos», realizar «jornadas interminables» o incluso «llevarse el trabajo a casa».
Así, resaltan que el «deterioro» de las condiciones laborales y retributivas «no deja de agravarse».
«Es imprescindible que se reconozca la labor que a diario realizan nuestros empleados públicos, empezando por dejar de exigir esfuerzos extraordinarios a los efectivos que prestan estos servicios mediante la adecuación de las plantillas a las necesidades reales de la sociedad y ejecutar, de una vez por todas, políticas encaminadas a captar el talento para evitar que siga siendo mucho más atractivo marcharse a trabajar al extranjero tras completar una durísima formación que quedarse a trabajar aquí», piden.
De este modo, exigen al Gobierno central a que aporte soluciones a los «graves problemas» que padecen laboral y económicamente los empleados públicos. Entre estas reivindicaciones se encuentran: la recuperación del poder adquisitivo, mejora de las condiciones laborales, políticas de empleo «adecuadas» y que se «elimine la discriminación» entre los empleados públicos, entre otras muchas.
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