Sergio Ramírez, del sindicato de educación CSIF, critica la decisión del Ministerio de Educación de aplicar en estos momentos la sentencia del Supremo de 2010 y reducir la jornada laboral de los profesores de religión en Melilla, porque supone una merma en el poder adquisitivo de estos treinta docentes. Considera que el Ministerio, “en vez aportar dinero y soluciones a la educación en Melilla siempre pone trabas”. En declaraciones a este Diario, el sindicalista explicó que este miércoles “los compañeros melillenses que imparten religión tanto católica como islámica recibieron una llamada de la Dirección Provincial de Educación anunciándoles que tienen que pasarse para firmar unos nuevos contratos de cara al próximo curso”.
Critica que se les avise en pleno periodo estival, mientras disfrutan de sus vacaciones y “se les obligue a firmar unos contratos en los que sus horarios se rebajan, lo que supone una reducción de su jornada laboral y de sus ingresos” con la excusa de aplicar la sentencia del Supremo de 2010 que establece que les prohíbe, básciamente, realizar otra tarea que no sea la de impartir su asignatura.
Recuerda Sergio Ramírez que estos profesores recurrieron el curso pasado esta decisión y los tribunales les dieron la razón y fueron admitidos e indemnizados. El motivo, que se les comunicó esta reducción del horario una vez iniciadas las clases. Ahora el Ministerio actúa unos meses antes del inicio del curso. El representante del CSIF lamenta que estos profesores “van a tener que luchar otra vez por sus derechos y llevar al Ministerio a juicio”.
Para CSIF “es una mala noticia que las 30 familias que conforman los compañeros de religión vayan a perder poder adquisitivo, y esto no es bueno tampoco para Melilla”. Afirma que esta decisión procede directamente del Ministerio en Madrid y no de la Dirección Provincial que “no ha hecho nada en contra de estos profesores”.
Tiene claro Ramírez que el Ministerio de Educación “en vez aportar dinero para que Melilla pueda salir adelante, siempre pone trabas y ahora hace que treinta familias pierdan poder adquisitivo, con la situación que tenemos en Melilla del cierre fronterizo y todos los sectores económicos en horas bajas”, lamenta.
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