Empleados públicos se manifiestan en Melilla exigiendo la jornada de 35 horas.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado la aplicación inmediata de la jornada laboral de 35 horas en todos los ámbitos de la Administración del Estado, una vez publicada en el BOE la resolución de Función Pública que abre la puerta a su implantación efectiva. El sindicato subraya que la medida no solo afecta a la Administración General del Estado, sino que también contempla su adaptación en ámbitos con regulación específica como Educación y Sanidad dependientes del Estado.
Según la resolución, su entrada en vigor se produce de manera inmediata, aunque se concede un plazo de un mes para adaptar los calendarios laborales y los sistemas de control horario. Además, el nuevo marco incorpora mejoras en materia de conciliación y flexibilidad horaria, una reivindicación que CSIF considera especialmente relevante para modernizar la organización del trabajo público y favorecer una mejor atención a la ciudadanía.
En el caso de Melilla, la aplicación de esta medida tendría una repercusión directa sobre miles de trabajadores públicos. En concreto, afectaría a unos 1.700 docentes, alrededor de 1.200 profesionales de INGESA y aproximadamente 1.200 empleados de la Administración General del Estado, lo que supone un impacto potencial sobre más de 4.100 empleadas y empleados públicos en la ciudad.
CSIF considera que esta decisión debe traducirse en hechos concretos y no quedarse en una mera declaración formal. Por eso, exige que la reducción de jornada se negocie y se aplique sin dilaciones en todos los sectores y centros de trabajo afectados, respetando las peculiaridades organizativas de cada ámbito, pero garantizando el derecho efectivo del personal a una jornada de 35 horas semanales. El sindicato recuerda que la propia resolución prevé la adaptación de las denominadas jornadas especiales, como las de especial dedicación, y también de otros horarios singulares, siempre mediante negociación en los ámbitos correspondientes.
Para CSIF, la implantación real de esta jornada en Melilla tendría un doble efecto positivo. Por un lado, mejoraría la conciliación de la vida laboral y personal de miles de trabajadoras y trabajadores. Por otro, contribuiría a reforzar la calidad de los servicios públicos, al favorecer una organización más racional del tiempo de trabajo. En sectores especialmente sensibles como la Educación, la Sanidad o la atención administrativa al ciudadano, esta medida puede suponer un avance importante si va acompañada de una adecuada planificación de plantillas y cobertura de necesidades.
El sindicato destaca además que su interlocución ha sido determinante para desbloquear una medida que permanecía pendiente desde 2022 y para acelerar la publicación de la resolución, producida apenas 15 días después de la firma del acuerdo. CSIF advierte de que seguirá exigiendo su extensión a todos los ámbitos del sector público, incluidos ayuntamientos y empresas públicas, y no descarta emprender medidas legales si esta reivindicación no se materializa.
En Melilla, donde la Administración pública tiene un peso esencial en el empleo y en la prestación de servicios, la aplicación efectiva de las 35 horas se presenta como una medida de alcance social y laboral que afecta de lleno al funcionamiento cotidiano de la ciudad.
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