CSIF Melilla s ha concentrado este martes frente a la Delegación del Gobierno en Melilla para exigir al Gobierno de la Nación que desbloquee la negociación colectiva de las condiciones laborales que afectan a los empleados públicos en diferentes ámbitos, como el salarial, el del empleo público o el teletrabajo, entre otros.
Y es que, tal y como ha denunciado el sindicato, desde que se constituyó el Gobierno en noviembre de 2023 no se ha convocado la Mesa General de las Administraciones Públicas para negociar estas cuestiones.
“CSIF considera urgente negociar la subida salarial del próximo año, un nuevo acuerdo salarial -el actual caduca a final de año y ya ha provocado una pérdida de poder adquisitivo del 6% desde 2022-, así como la oferta de empleo público para 2025, teniendo en cuenta que el Gobierno ha sido incapaz de sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado”, ha afirmado.
Por otra parte, ha informado que, en materia de retribuciones, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso de amparo presentado por el mismo sindicato contra la decisión de la mesa del Congreso de los Diputados que, mediante acuerdo de 16 de mayo de 2023, rechazó tramitar una Iniciativa Legislativa Popular impulsada por CSIF para que los empleados públicos “recuperen la estructura salarial previa a los recortes de Zapatero en 2010”.
Según CSIF, “estos recortes, que siguen en vigor desde 2010, supone que los empleados públicos en esta última década hayamos trabajado entre 13 y 18 meses gratis, en función de los Grupos Profesionales de Trabajo al que pertenezcan”. Además, esta situación se suma a “la pérdida global” del 20% del poder adquisitivo desde la bajada salarial de 2010.
El sindicato entiende que se deben abordar “sin más demora” los siguientes temas pendientes hasta final de año, como son la negociación de un nuevo acuerdo salarial que permita recuperar poder adquisitivo a los empleados públicos, la asignación de fondos adicionales para la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas, la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010, “con el cobro íntegro de la paga extra”, la negociación de una nueva Oferta de Empleo Público para 2025 “eliminando la tasa de reposición” o la implantación de la jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado y de la carrera profesional en todas las administraciones, así como del teletrabajo.
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