CSIF Melilla denuncia “la implantación de aulas abiertas sin autorización ministerial”

La CSIF Melilla ha alzado la voz en protesta contra lo que considera una «imposición» por parte de la Dirección Provincial de Educación de aulas abiertas especializadas para el alumnado TEA (espectro autista) o con necesidades educativas especiales en varios centros de Educación Primaria y Secundaria en la ciudad. Según la CSIF, estas aulas se han establecido sin respetar las normas y autorizaciones establecidas en diferentes órdenes ministeriales.

El sindicato argumenta que, a pesar de que aún no se ha recibido la autorización ministerial para la creación de estas aulas ni la dotación económica necesaria, ya se han establecido con la contratación de docentes de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. La CSIF considera que esta «política de hechos consumados» no tiene en cuenta la organización del espacio o el horario de atención adecuado para este tipo de alumnado.

Además, la CSIF critica la falta de personal especializado, como cuidadores, que atienda las necesidades de este alumnado, lo cual resulta fundamental para su bienestar y seguridad. Afirman que, en algunos casos, se han abierto estas aulas sin la contratación de cuidadores, incluso en centros que ya tienen carencias de personal para Educación Infantil.El sindicato también denuncia que se ha impedido a los padres contratar cuidadores profesionales de atención individual para sus hijos, alegando que no son personal autorizado por el Ministerio.

La CSIF propone una contratación inmediata de especialistas y sugiere que, en caso de carencia de profesionales de una especialidad, se contrate temporalmente a profesorado de especialidades afines. Además, aboga por la firma de convenios de colaboración con entidades e instituciones dedicadas a la inclusión y la participación de equipos directivos y docentes en la toma de decisiones antes de autorizar la creación de estas aulas.

En resumen, la CSIF Melilla reclama una política de inclusión escolar que se base en una buena planificación, una dotación económica adecuada y una política de contratación que anticipe las necesidades, en lugar de imponer aulas abiertas de forma ilegal y sin consulta previa.

Acceda a la versión completa del contenido