Luis Escobar de CSIF Melilla aboga por mejores condiciones docentes.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas, ha dado su visto bueno al nuevo acuerdo salarial y de condiciones laborales negociado con el Ministerio de Función Pública, que será firmado en los próximos días. El pacto contempla una subida salarial acumulada del 11,4% hasta 2028, así como el abono de atrasos con efectos retroactivos antes de que finalice el año.
Según ha informado la organización, tras meses de protestas “en solitario” y un contexto marcado por el bloqueo presupuestario, la incertidumbre política y las restricciones económicas impuestas desde Bruselas, el sindicato ha logrado “el mejor acuerdo posible” para elevar las nóminas y mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos.
El acuerdo establece que a partir de diciembre de 2025 se abonará una paga extraordinaria con los atrasos correspondientes al año, lo que supone un incremento del 2,5%. Las retribuciones volverán a subir en enero de 2026, cuando se aplicará un 4% fijo, al que se añadirá otro 0,5% adicional si el IPC de ese año alcanza o supera el 1,5%. Esta cantidad se abonaría en el primer trimestre de 2027, con efectos retroactivos.
En enero de 2027, las nóminas experimentarán una subida del 4,5%, hasta alcanzar el incremento acumulado del 11,4% en enero de 2028. Con estas medidas, CSIF estima que los empleados públicos recuperarán un 2,9% de poder adquisitivo.
Más allá del capítulo retributivo, el sindicato destaca que el acuerdo incorpora avances significativos en permisos, conciliación, concursos de méritos, movilidad y promoción interna, así como en la agilización de los procesos selectivos y la eliminación de la tasa de reposición.
El documento también prevé reforzar la atención al público, adecuar la clasificación de los puestos de trabajo a sus funciones reales, mejorar las condiciones de jubilación y desbloquear la implantación de las 35 horas semanales y la regulación del teletrabajo en la Administración General del Estado.
Asimismo, el Gobierno se compromete a mejorar la calidad asistencial de las mutualidades administrativas —MUFACE, MUGEJU e ISFAS—, una de las reivindicaciones planteadas por CSIF durante la negociación.
El acuerdo contempla la creación de una Comisión de Seguimiento que deberá constituirse en un plazo máximo de 15 días desde la firma, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de todas las medidas pactadas. CSIF ha advertido de que el documento “no es un cheque en blanco” y que el sindicato ejercerá un control estricto sobre los plazos y la aplicación efectiva de lo acordado, reservándose todas las acciones necesarias para asegurar su ejecución.
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