La plantilla se reduce de 9 a solo 3 funcionarios tras una reestructuración «unilateral y sin negociación», lo que supondrá, según el sindicato, «retrasos, colapso y un grave deterioro del servicio público»
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este martes la drástica reducción de personal en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Melilla, que han pasado de contar con nueve funcionarios a únicamente tres —un gestor procesal y dos tramitadores—, lo que supone, en palabras del sindicato, una “situación insostenible” que amenaza con colapsar el funcionamiento de estos órganos judiciales.
El presidente del sector de Justicia de CSIF Melilla, Ángel Castillo, ha explicado que esta decisión tiene su origen en el Real Decreto 388/2025, de 13 de mayo, por el cual se transforma el antiguo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 en el nuevo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 (Mixto nº 6). Pese a que el sindicato exigió al Ministerio la creación de nuevas plazas para dotar adecuadamente el nuevo juzgado —dos gestores y cuatro tramitadores—, el Ministerio ha optado por redistribuir personal ya existente, sin ampliar plantilla alguna.
“Han creado un juzgado nuevo a coste cero y a costa de recortar personal donde ya hay sobrecarga”, ha denunciado Castillo.
Inicialmente, se informó que los nuevos efectivos procederían del Equipo de Apoyo, pero finalmente tres funcionarios fueron extraídos directamente de los juzgados contenciosos, dejando a estos con una dotación mínima que ni siquiera cumple el criterio básico de un gestor por órgano. Esta decisión, además, se adoptó sin negociación real, según CSIF: la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) se notificó el 3 de julio, fue “negociada” al día siguiente y aprobada de forma exprés ese mismo 4 de julio, lo que el sindicato califica como una “negociación simulada”.
La consecuencia inmediata de esta reestructuración es que dos juzgados contencioso-administrativos se quedan con solo tres funcionarios para atender la carga de trabajo de tres órganos, ya que el Juzgado nº 3 mantiene expedientes aún sin resolver. CSIF advierte que esto conllevará retrasos graves en la tramitación de procedimientos, acumulación de casos y una presión insostenible sobre el personal restante, especialmente durante periodos de vacaciones, bajas o permisos.
“Esto no es una reorganización técnica. Es un recorte en toda regla que pone en riesgo el derecho a una justicia ágil y eficaz para los ciudadanos de Melilla”, afirma Castillo.
La organización sindical considera que esta medida refleja una política de recortes generalizada en la Administración de Justicia, donde se han perdido más de 20.000 plazas en los últimos años, y alerta del envejecimiento de las plantillas y la falta de reposición, que sitúan al sistema judicial español “al borde del colapso”.
CSIF exige una rectificación inmediata del Ministerio de Justicia, con la reposición de los efectivos perdidos en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Melilla y una verdadera apuesta por reforzar el personal judicial, en lugar de seguir aplicando lo que consideran “ajustes encubiertos” que repercuten directamente en el servicio a la ciudadanía y en la salud laboral de los funcionarios.
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