Coalición por Melilla (CPM) ha mostrado su preocupación “ante la posibilidad” de que se suprima el programa de ayuda al alquiler de vivienda para determinadas unidades familiares de la ciudad, en especial las que habitan en infravivienda o carecen de ella. Es decir, del programa de realojo humanitario para colectivos vulnerables, que tiene una vigencia mínima de cinco años.
Tal y como ha detallado en rueda de prensa el diputado de CPM en la Asamblea, Rachid Bussian, “una de las prioridades” de la anterior Consejería de Infraestructuras y Urbanismo -de la que él era el máximo responsable- junto con la sociedad pública de Emvismesa que dirigía en la anterior legislatura su compañera de partido, Yonaida Sel-lam, fue la de “realojar de manera inmediata” durante el estado de alarma provocado por la pandemia del covid-19 a alrededor de una veintena de familias que vivían en “una situación infrahumana y que formaban parte del listado de viviendas de urgente necesidad del que disponía Emvismesa”.
En la actualidad, Bussian cifra en 27 las familias que se han visto “beneficiadas” por dicho programa y que “corren el peligro de ser desahuciadas si no se hace efectiva la prórroga estipulada en el contrato de alquiler suscrito con Emvismesa.
“Estamos ante un derecho básico que dignifica al ciudadano, y ese programa lo hacía”, defiende el cepemista, que asegura que el Gobierno de la Ciudad Autónoma “no tiene pensado ampliar dicho programa de ayuda a pesar de las diversas peticiones que están recibiendo en la actualidad”. “Y se niegan a tramitarlas”, denuncia, asegurando que la Ciudad dispone de “los fondos necesarios y los recursos oportunos para seguir facilitando que muchas familias se puedan beneficiar de este programa”.
El exconsejero de Fomento asegura que uno de los argumentos que expone la sociedad pública para no prorrogar dicho programa es “el temor ante la negativa” de dichas familias de salir de las viviendas una vez finalice el contrato”. Así, cree que el PP está tratando a dichas familias “como posibles delincuentes que no van a salir de las viviendas una vez que expire el contrato”.
Por eso, apuesta porque se les dé una “solución habitacional” al respecto y, en caso, de que el Estado no prorrogue dicha ayuda, que dichas familias se puedan acoger a otro programa de ayuda al alquiler.
El cepemista ha expresado su temor de que “se vayan transfiriendo partidas sociales de un lado a otro” y no para este tipo de programas. En este sentido, propone que parte del sueldo que se va a destinar al personal de la alta dirección se derive a este programa. “Con el sueldo de uno de ellos pagaríamos este programa de realojo humanitario durante un solo año”, asevera.
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