El expresidente de Melilla y líder de CPM, Mustafa Aberchán, y el abogado Ernesto Osuna, han anunciado esta querella tras conocerse parte del contenido del atestado de la UDEF con el levantamiento parcial del sumario de la operación, que derivó en la detención y prisión provisional del propio Aberchán y varios exconsejeros de Melilla durante dos meses y medio.
En rueda de prensa, Aberchán ha mostrado la intención de CPM de llegar, incluso, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Tribunal de la Haya de las Naciones Unidas por lo que consideran la vulneración de un derecho fundamental y porque, según ha dicho, siguen creyendo “en la fortaleza de las instituciones del Estado”.
El letrado ha informado de que esta querella y “petición de ayuda y auxilio a la Fiscalía”, en caso de prosperar, podría traducirse en la anulación de la investigación policial en la que se basa el procedimiento judicial, que investiga delitos relacionados con la corrupción presuntamente cometidos en el anterior Gobierno de Melilla, del que formaba parte CPM.
La querella fue presentada el pasado 21 de octubre por un presunto delito de ocio derivado de las expresiones y la actitud revelada en el atestado de la UDEF que dio lugar a las diligencias previas que continúan en el Juzgado de Instrucción número dos de Melilla “por la macrocausa” Santiago-Rusadir.
La querella, dirigida al inspector jefe de la UDEF y a todos los miembros que hayan podido participar “en los hechos presuntamente delictivos”, se basa en el “sesgo discriminatorio contra las personas de origen musulmán que componen CPM” y “la persecución de una pertenencia a un grupo cultural”.
El abogado ha señalado que el propio nombre de la operación “es muy significativo” de lo que denuncian en CPM, ya que “Santiago-Rusadir es una referencia a Santiago Matamoros”.
En cuanto al contenido del atestado, ha puesto como ejemplo una parte del atestado en el que dice que “los vínculos familiares es el primer factor de colaboración de esta organización criminal y atendiendo a la cultura musulmana, es un factor inquebrantable que asegura la comisión de delitos”, aludiendo a un consejero al que los agentes vieron salir de la mezquita con su primo.
“El atestado está lleno de frases de este tipo constantemente”, ha asegurado el letrado para aludir a otros pasajes, como “el uso de la extorsión a trabajadores y empresas en obras en barrios de influencia islámica” o “esbirros procedentes de la cultura criminal de origen musulmán afincada en el barrio”.
CPM entiende que en la operación Santiago-Rusadir “se vuelve a un derecho penal de autor, es decir, un derecho penal que persigue a las personas y no los hechos o conductas”, algo que Osuna ha rechazado y que considera “más grave” al tratarse de ciudadanos españoles, pues “se está tratando diferente por llamarse Mohamed en vez de Juan” y “eso no es asumible en un país democrático del siglo XXI”.
El abogado ha insistido en que todo ello infringe el derecho fundamental a la igualdad y la no discriminación, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española, y ha lanzado “una petición de ayuda y auxilio a la Fiscalía”.
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