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Coalición por Melilla (CPM) quiere convocar la semana que viene una nueva Comisión de Control en el seno de la Asamblea para que el Gobierno local explique las facturas atrasadas de años atrás que fueron incluidas en la cuenta 413, a las que el Pleno de la Asamblea dio luz verde la semana pasada por un valor total de 3,6 millones de euros. No descarta recurrir a la vía judicial si observa que pudiera haber irregularidades. El portavoz de CPM en la Asamblea, Hassan Mohatar, preside la Comisión de Control, donde los cepemistas esperan explicaciones del Gobierno al considerar que entre las 666 facturas que fueron incluidas en la cuenta 413 para aprobarlas en la última sesión plenaria hay algunas que “no están debidamente justificadas para su abono”.
Mohatar se refirió especialmente a las más antiguas, y también otras como las que se refieren al mantenimiento de instalaciones deportivas en la época en la que el consejero era Miguel Marín, que suponen más de 160.000 euros cuando la Ciudad Autónoma ya tiene un contrato adjudicado para este servicio.
El diputado cepemista también fue muy crítico con “el campeón” en gastos, la Viceconsejería de Festejos, que habitualmente siempre necesita que le inyecten más dinero del que tenía presupuestado debido a “la improvisación” de su responsable. Mohatar cuantificó en 317.000 euros las facturas que han sido incluidas en la cuenta 413 correspondientes a Festejos. “Queremos saber en la Comisión de Control dónde va a parar ese dinero y si son servicios que no se pudieron pagar con el presupuesto que tenía asignado”, afirmó el diputado.
No descartan ir al juzgado
Mohatar explicó que en el seno de la Asamblea existe una comisión de control de licitaciones donde los diputados pueden analizar los asuntos que hayan pasado por un procedimiento de contratación pública. Ahí es donde CPM quiere obtener las explicaciones oportunas del Gobierno, ya que “al ser facturas quiere decir que ha habido antes una contratación”.
El parlamentario dijo que si su grupo observa que hay facturas que no se ajustan a la legalidad, podrían ir al juzgado.
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