CPM propone que sea incompatible ser presidente y estar en el Consejo de Administración de un banco

La diputada de Coalición por Melilla (CPM), Dunia Almansouri, anunció ayer que entre otras cuestiones que intentarán matizar del proyecto de nuevo Reglamento de Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma será la incompatibilidad entre el cargo de presidente de la Ciudad y los puestos en los Consejos de Administración de bancos. Y es que según indicó Almansouri, Juan José Imbroda, máximo mandatario local de la ciudad, posee un puesto en el Consejo de Administración de Unicaja. Para ello, han consultado al director general de Desarrollo Autonómico su posible incorporación en el reglamento y están a la espera de una respuesta de ésta y otras proposiciones que han realizado. Por otro lado, Almansouri criticó que haya habido una "falta de celeridad" a la hora de elaborar este reglamento, a pesar de que iba a ser una "prioridad" para el Ejecutivo local. La diputada de Coalición por Melilla (CPM), Dunia Almansouri, indicó que aún están en proceso de negociación de la reforma de este reglamento en la Comisión de Economía en la que trabajan para que salga una normativa "que continúe en el tiempo, y que no sea un reglamento ajustado al Gobierno de turno", es decir, que "no sea un reglamento del PP, sino que sea realmente el reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad".

Almansouri sostiene que esta normativa debe ser lo más "concisa" posible con el fin de que no esté sujeto a "interpretaciones". Es el motivo, por el que pretenden añadir al artículo 8 de este reglamento, que el cargo no solo sea incompatible con cualquier actividad profesional o mercantil, algo que ya está reflejado, sino que se incorpore de forma expresa la incompatibilidad con los Consejos de Administración de bancos o cajas.

En esta línea y dado el estado en el que se encuentra aún el reglamento, la cepemista criticó la "falta de celeridad" que ha habido para su modificación, a pesar de que era una cuestión "prioritaria" para el Gobierno local dado que el reglamento vigente data de 1996.

Incompatibilidades
Entre otras de las cuestiones que sí que ya se han introducido, según CPM, es la incompatibilidad de que un cargo no electo pueda ocupar la Vicepresidencia del Gobierno. Y es que tal y como indicó Almansouri el Consejo de Estado (CE) ya ha emitido dictamen a este respecto respaldando dicha incompatibilidad.

Todo ello, a pesar de los informes que solicitó CPM al secretario general de la Asamblea y al director general de Desarrollo Autonómico que indicaban lo contrario a lo emitido por el CE.

En esta línea, replicó al consejero de Economía, Daniel Conesa, que el informe del CE no es solo consultivo sino preceptivo, dado que tal y como recoge el dictamen, al no tener la Ciudad un órgano consultivo propio tal y como marca el artículo 107 de la Constitución Española, es el Consejo de Estado el supremo órgano consultivo.

Últimas alegaciones
Además de la propuesta que pretenden añadir sobre la incompatibilidad de puestos en Consejos de Administración de bancos o cajas y de la presidencia de la Ciudad, también quieren incorporar otra propuesta al respecto de la Ley de Transparencia.

Actualmente, el proyecto de reglamento no recoge la obligatoriedad de realizar la declaración de bienes de los cargos directivos (directores generales, secretarios técnicos, directores y gerentes de organismos públicos así como sus presidentes), aunque sí lo refleja el Reglamento de Transparencia.

El motivo de que CPM quiera añadir esta propuesta, es que "a día de hoy no se está cumpliendo el reglamento de Transparencia a este respecto", y es que "aún no se han publicado las declaraciones de bienes de todos los cargos de libre designación, aunque sí la de los miembros de la Asamblea".

En cuanto a la creación de órganos directivos, el proyecto de reglamento se ha limitado a que pueden ser miembros de estos órganos los funcionarios del grupo A1, pero los directores generales pueden ser del grupo A1 y A2. Es el motivo, por el que CPM solicitará incluir a los funcionarios del grupo A2 como posibles miembros de los órganos directivos.

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