CPM denuncia que la gestión de los menores en Melilla “se ha convertido en un negocio”

Coalición por Melilla (CPM) consideró ayer que la gestión de los menores inmigrantes que lleva a cabo la Ciudad Autónoma “se ha convertido en un negocio”, por lo que pidió que los centros tutelados, que dependen de la Consejería de Bienestar Social, sean adjudicados a ONG y no a empresas privadas. La vicepresidenta segunda de la Asamblea y diputada cepemista, Dunia Almansouri, explicó que el Centro de Reforma está gestionado por una ONG, la Fundación Diagrama. No ocurre lo mismo con el centro de acogida de menores, que está en manos de una empresa, algo que CPM rechaza al tratarse de menores con “una situación de vulnerabilidad y excepcionalidad” al estar tutelados.
Almansouri puntualizó que las críticas de su partido se refieren a la gestión global y no a un “hecho luctuoso” concreto, como es la muerte de un menor del Centro de Reforma el pasado viernes tras permanecer 20 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Comarcal, debido a la parada cardiorrespiratoria que sufrió después de pelearse con otro interno.
En opinión de CPM, la gestión que desempeña la Ciudad Autónoma de estas competencias ha llevado a una “situación lamentable”, provocando que este problema haya ido “cada vez a peor”, a pesar de que cuenta con un presupuesto de 14 millones de euros.
“Eso sí que es una canallada”, respondió Almansouri a Imbroda, que el día antes acusó al presidente de CPM, Mustafa Aberchán, de protagonizar una “canallada” al decir que la vida de los menores acogidos por la Ciudad Autónoma no está garantizada.

Competencias
Así, recordó que en el año 2002, el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, pidió al Gobierno la devolución de estas competencias porque decía que la Ciudad Autónoma estaba “desbordada” al tener la tutela de 140 menores. Sin embargo, ahora, 15 años después, son cerca de 600 los niños y adolescentes que dependen de esta institución.
Almansouri recordó a Imbroda que como presidente de Melilla, es el tutor legal de esos menores, y por lo tanto, cree que la Ciudad Autónoma debe tener “alguna responsabilidad” en la muerte de los tres que han fallecido en los últimos meses. “No decimos que el Gobierno haya matado a esos menores, pero alguna responsabilidad debe tener cuando son sus tutores legales, aunque estén en la calle”, aseveró la diputada. No en vano, apuntó que esos menores que viven fuera de los centros de acogida están “totalmente desamparados y durmiendo en la calle, expuestos a todo tipo de peligros”.
Por ello, insistió en que la Ciudad Autónoma “actúe en consecuencia” y devuelva las competencias para que las asuma el Estado, ya que aseguró que no se está cumpliendo la Ley del Menor.
Además, pidió seriedad, rigurosidad, humildad y respeto al Gobierno, al que afeó sus críticas personales contra la oposición en las redes sociales.

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