Coalición por Melilla (CPM) consideró ayer “excesivo” el gasto de casi 18.000 euros que supondrá a las arcas de la Ciudad Autónoma el foro económico en el que participarán como ponentes dos exministros del PP. El diputado de CPM Rachid Bussian se refirió a la contratación del ex ministro de Asuntos Exteriores e Hijo Adoptivo de Melilla, José Manuel García-Margallo, y el ex ministro de Trabajo Manuel Pimentel, que tomarán parte en un foro de debate sobre el presente y futuro de la economía en la ciudad organizado por la sociedad pública Promesa. “Por una hora no van a venir a solucionar los problemas que sufre Melilla, no entendemos este gasto innecesario”, afirmó el diputado cepemista, que mostró la predisposición de su partido a organizar un foro económico, pero con diferentes corrientes económicas y políticas “y no afines a un partido”.
Este tema será objeto de una de las 15 preguntas que presentará CPM para el próximo Pleno de Control al Gobierno, que se celebrará en la Asamblea este viernes, y en el que también abordarán otras cuestiones, que los cepemistas desgranarán en dos interpelaciones y 15 preguntas.
Mohamed aprovechó para presentar varias de las preguntas que planteará su grupo. Una de ellas versará sobre el problema del “desempleo endémico” que sufre Melilla debido a una “red clientelar”. Los cepemistas quieren saber si el Gobierno local busca un nuevo modelo económico o crear un plan de empleo adicional “para sacar rédito electoral”. “Es lo que nos tememos que puede ocurrir”, lamentó.
“Irregularidades” en Festejos
Otra pregunta irá sobre las contrataciones en el área de Festejos, que suponen un gasto anual de 2,2 millones de euros, y sobre las que CPM cree que podría haber “tráfico de influencias”. “Nos hemos encontrado flagrantes irregulares y cabos sueltos”, apuntó Bussian sobre las facturas que han abordado de Festejos en la Comisión de Control, respecto a la que denunció los obstáculos que el Ejecutivo está poniendo para que se sigan celebrando sesiones.
Otras preguntas abordarán los “graves” cortes en el suministro de agua que sufre la ciudad, así como la necesidad, a juicio de CPM, de cambiar el modelo de gestión tributaria de la Ciudad Autónoma. Este servicio, como recordó Bussian, está adjudicado a una empresa y supone un gasto público de más de dos millones de euros por el cobro de tasas e impuestos.
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