Coalición por Melilla (CPM) ha denunciado este martes supuestos “vicios de legalidad” y una discriminación “inversa, injustificada o mal enfocada” en la concesión de ayudas para la adquisición de material y uniformes escolares.
En su intervención durante el pleno de control al Gobierno melillense en la Asamblea, la diputada cepemista Cecilia González ha asegurado que centros educativos con menos alumnos vulnerables reciben menos ayudas, y acusa al Ejecutivo local de “forzar un límite que acaba penalizando a los más vulnerables”.
De este modo, en lugar de resultar un medida “eficaz” para alcanzar la igualdad entre alumnos, “han conseguido dar un trato desigual que perjudica a los que menos tienen vulnerando el principio de igualdad que establece el artículo 14 de la Constitución”.
A modo de ejemplo, ha señalado que un alumno del colegio León Solá, que registra 528 alumnos en situación de vulnerabilidad recibe ayudas por valor de 28 euros mientras que uno del colegio España, con 78 alumnos vulnerables, percibe ayuda por valor de 192 euros.
Por todo ello, la dirigente localista ve “vicios de legalidad” que podrían provocar impugnaciones y acabarían retrasando “aún más” su ejecución.
El consejero de Educación del Gobierno local Miguel Ángel Fernández ha respondido a las declaraciones de la diputada cepemista negando que exista “ninguna sombra de ilegalidad, si acaso desequilibrios que corregiremos”, como por ejemplo el tiempo en el que recibirán dichas ayudas.
Ha asegurado en su intervención que el programa de ayudas a la adquisición de uniformes escolares cuenta con “todos los informes favorables” y es un proceso “impoluto, transparente” e incluso “mejorable”, pero insistiendo en que no contiene “ninguna sombra de ilegalidad”.
“Lo verdaderamente cuestionable es la fijación con este tema”, ha reprochado a la cepemista, agregando que esta es la primera vez que se lanza este programa de ayudas, lamentando que se haya demorado “más de lo deseado”.
González le ha rebatido que deben prever “con la antelación suficiente” y con mecanismos “ágiles y transparentes” para evitar que programas de gran calado social queden en “el terreno de la propaganda y la venta de humo”.
Fernández ha respondido insistiendo en que las ayudas son eficaces y, por lo tanto, los alumnos van a tener sus respectivos uniformes escolares “y vamos a luchar para que el programa se cumpla de la mejor manera posible” y ayude a las familias.
Asimismo, niega que exista fraccionamiento de contrato, acusando a CPM de lanzar “un halo de sospecha y de duda” sobre el programa.
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