Coalición por Melilla (CPM) mostró ayer su oposición al reconocimiento extrajudicial que el Gobierno autonómico llevará esta mañana al Pleno de la Asamblea para pagar a proveedores de servicios y suministros un total de 381.000 euros en 27 facturas pendientes de abono desde hace varios años. En rueda de prensa, el portavoz de CPM, Hassan Mohatar, criticó que recurrir a reconocimientos extrajudiciales para pagar facturas pendientes sea una “tónica general” en el Gobierno de Melilla, del que cree que con este proceder queda demostrada su “torpeza y falta de diligencia” a la hora de gestionar el dinero público.
Mohatar puntualizó que su partido no se opone a que la Ciudad Autónoma pague servicios o suministros realizados, pero considera que hay “cuestiones que claman al cielo” y que, incluso, podrían incurrir en una ilegalidad, refiriéndose a algunas facturas que han recibido los reparos de tres interventores diferentes en los últimos años.
En este punto, señaló que entre las facturas que pasarán hoy por el Pleno de la Asamblea, hay varias de un servicio de limpieza de colegios que obtuvo reparos de la Intervención “por considerar que es un fraccionamiento de contrato”, por valor de 258.000 euros, fraccionadas en facturas de 41.000 euros mensuales.
Responsabilidad penal
También se refirió al pago de 108.000 euros por parte del Patronato de Turismo por tres convenios con una empresa de control de fauna para el servicio de cetrería del aeropuerto, correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014, pero en palabras de Mohatar, no consta en el expediente porque hay fecha ni número de resolución de estos convenios.
Esto, según el diputado cepemista, podría incurrir en una responsabilidad penal y “es el tipo de facturas que CPM no puede apoyar”, como es el caso de los 8.864 euros mensuales que serán abonados por un contrato de apoyo a la gestión administrativa en la Consejería de Presidencia.
“Dentro del catálogo de esa consejería no existe ese gestor, pero se contrata a un apoyo para las becas de 400 euros para la ESO, con un coste mensual de 8.864 euros, cuando se podría haber contratado a cuatro personas con esa cantidad”, explicó Mohatar, convencido de que en la Ciudad Autónoma “se gasta alegremente el dinero público y no se hacen las cosas como se deben hacer”.
Por ello, lamentó que esta sea la forma de actuar del Gobierno, algo que “no se puede permitir”, y por ello CPM se opondrá hoy a este nuevo reconocimiento extrajudicial de facturas, algunas de las cuales, en opinión de los cepemistas, “faltan a la legalidad vigente”.
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