Coalición por Melilla considera que el director provincial del MECD está haciendo una gestión "improvisada" para la instalación de las cuatro nuevas aulas prefabricadas, a las que se refirió como "chabolegios". Lamentó el cambio de criterio en cuanto a la financiación para su construcción y preguntó a Calzado si pretende que los alumnos sean trasladados a estas aulas a mediados de curso, ya que las obras se adjudicarán en septiembre y la empresa dispondrá de tres meses para su construcción. Coalición por Melilla mostró ayer su preocupación ante la improvisación que, según la principal formación de la oposición, está demostrado la Dirección Provincial del MECD en la gestión de la instalación de las cuatro nuevas aulas y ante la paralización de las obras del IES Jardín Valenciano.
Según expuso el diputado Rachid Bussián en rueda de prensa, no se entiende que se hubiera previsto una inversión de un millón de euros para las aulas modulares, a las que se refirió como 'chabolegios', pero finalmente haya salido a concurso su construcción por 750.000 euros.
El cepemista lamentó que hasta septiembre no se conocerá cuál será la empresa adjudicataria, que dispondrá de tres meses para llevar a cabo la construcción.
Por este mismo motivo, Bussián preguntó a José Manuel Calzado, responsable provincial del MECD, si su intención era trasladar a los alumnos a estas aulas “a mediados de curso”.
Asimismo, pidió al director provincial del Ministerio que explicase a qué se refiere cuando afirma que el número de profesores dependerá del perfil del alumnado. Según incidió el diputado, el equipo docente tendrá que estar condicionado a las ratios de las aulas.
"Dice que este es plan B, pero es el A, el B, el C y el D", subrayó Bussián. A su parecer, tendría que pedir asesoramiento ya que, según apuntó, "tiene a todos los sindicatos en contra".
Por otro lado, el diputado vaticinó que las obras del Jardín Valenciano, paralizadas desde hace varias semanas, podrían llegar a convertirse en "un segundo episodio del Hospital Universitario". Al respecto, afirmó Bussián que no se comprendía cómo se adjudicaron por once millones de euros y ahora se reduce a los ocho millones.
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