Coalición por Melilla (CPM), a través de su portavoz, Hassan Mohatar, dedicó una de sus dos interpelaciones en el Pleno de Control a uno de los temas que está criticando con mayor fuerza en los últimos meses, concretamente la cesión ilegal de trabajadores.
En palabras de Mohatar, esta práctica se está convirtiendo “en una puerta B” por la que personas que trabajan para la Ciudad Autónoma en empresas adjudicatarias de servicios externalizados terminan en la plantilla de la Administración local tras denunciar y demostrar la vinculación laboral. Mohatar aseguró que en algunos casos, además de la contratación, la Ciudad Autónoma ha tenido que asumir por condenas indemnizaciones que han llegado, en algunos casos, a 79.000 euros. Por ello, consideró que deberían ser los consejeros del Gobierno quienes asumieran ese coste en lugar de las arcas públicas.
El vicepresidente primero del Gobierno local, Daniel Conesa, negó las acusaciones de Mohatar y se preguntó que, por la misma regla de tres que había planteado, quién iba a pagar los casi 3,2 millones de euros que “costó la broma de las cooperativas” gestionada en tiempos de responsabilidades de Gobierno de CPM.
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