CPM advierte que la modificación de la S. Social “creará inseguridad jurídica” y “traerá más paro”

CPM, tras las novedades aportadas por la delegada del Gobierno Sabrina Moh diciendo que solo afectará a los nuevos contratos que se realicen a partir del 1 de septiembre, ha insistido en mostrar su “preocupación” por los efectos negativos que causará la entrada en vigor del real decreto que suprime las bonificaciones del 50% en las cuotas de la Seguridad Social a los empresarios de Melilla para sustituirlo por una subvención por empleado. Su diputado Emilio Guerra ha dicho “no entender” cómo una norma de ese tipo no se consensuó antes con empresarios y afectados en general porque “creará inseguridad jurídica” y “traerá más paro y pobreza”.

Emilio Guerra ha recordado que CPM trabaja en la elaboración de una moción que se habría de presentar en la Asamblea conjuntamente con el grupo Popular y el Mixto. Un texto pendiente de consensuar y cuyo contenido en líneas generales es pedir al Gobierno Central una mayor moratoria en la aplicación y, en su caso, la modificación del mismo, ya que se considera “muy perjudicial para la economía melillense”.

El parlamentario cepemista ha manifestado que después de muchas promesas y el tiempo que los empresarios llevan soportando condiciones “realmente adversas” desde diversas perspectivas, “ha llegado el momento de actuar y poner en marcha el mecanismo de la iniciativa legislativa que recoge nuestro Estatuto y regula el Reglamento de la Asamblea en sus artículos 81 y 82.

“No vamos a aceptar otra cosa que no signifique el inicio de los trabajos de esa iniciativa”, subrayó, porque ello supondrá llevarla al Congreso donde los partidos nacionales tendrán que demostrarnos “qué grado de implicación tienen en algo que afecta al desarrollo económico de la ciudad”.

“No molestar a Madrid”

A su juicio, “creo, desgraciadamente, que estamos ante el problema de siempre, el problema que ha cortado de raíz muchas cuestiones y proyectos beneficiosos para Melilla, el eterno problema de priorizar lo que no moleste y ordene Madrid (el Gobierno de la Nación), aunque ello vaya en deterioro de aquello que los ciudadanos demandan y necesitan”.

Son muchas las declaraciones de los empresarios afectados en contra de la norma. Y también muchas las razones y argumentos esgrimidos, aún cuando la Delegación del Gobierno ha intentado explicarles unas “bondades” del nuevo sistema, que no acaban de convencer al sector.

“Más paro y pobreza”

Emilio Guerra dijo “no entender” cómo una norma de ese tipo no se consensuó antes con empresarios y afectados en general, salvo que estemos “ante actos perfectamente programados, cuyos objetivos deberían explicarnos, porque de inicio despliegan inseguridad jurídica, tendremos menos inversión privada y ello traerá más paro y pobreza”.

Finalmente, el diputado del principal partido de la oposición considera que “es muy grave el grado de abandono y desamparo institucional en el que se encuentran nuestros empresarios y autónomos”, apuntando en ese sentido la reactivación de la desaparecida Cámara de Comercio o, en su lugar, que la Cámara de España asumiera sus funciones “para dar mayor cobertura y protección a un sector empresarial que, de tanto maltrato, va camino de desaparecer”.

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