CPM advierte de una posible impugnación del contrato de limpieza por defectos del pliego

Coalición por Melilla (CPM) advirtió ayer de la existencia de unos defectos de forma en el contrato de limpieza urbana y recogida de residuos que está adjudicando la Ciudad Autónoma con un presupuesto de 61 millones de euros, lo que podría dar lugar a una posible impugnación de este procedimiento administrativo. En rueda de prensa, la vicepresidenta segunda de la Asamblea, Dunia Almansouri, explicó que el informe sobre los criterios evaluables del pliego de condiciones “no ha cumplido con todos los requisitos legales” porque no ha sido firmado por técnicos, sino por dos directores generales que “no tienen competencias” para ello.

Además, la diputada cepemista afirmó que en el pliego no se desglosan los criterios evaluables para puntuar a las empresas que se han presentado al concurso de adjudicación, un requisito que, como el anterior, está recogido en la Ley de Contratos del Sector Público.
Para CPM, este asunto es preocupante y no entiende que un departamento de la Ciudad Autónoma como es la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente pueda “cometer este tipo de errores en un contrato tan importante”, que es de los que tienen una mayor dimensión en la Administración pública melillense.
“Con un contrato de 61 millones no se puede actuar de forma tan chapucera”, dijo Almansouri, cuyo partido ha solicitado en la última Comisión de Fomento y Medio Ambiente la elaboración de un informe jurídico que evalúe la adjudicación de este contrato, para el que ya hay una propuesta de licitación a Valoriza.
Almansouri señaló que en este concurso público se presentaron dos empresas y los rumores que les han llegado apuntan a que la empresa que ha salido derrotada en la licitación se estaba planteando presentar una reclamación ante el Tribunal de Recursos Contractuales, lo que paralizaría la adjudicación del contrato, cuya entrada en vigor estaba prevista para dentro de tres meses como máximo.
Si eso ocurriera y este organismo estatal le diera la razón, la diputada apuntó que podría haber sanciones económicas para la Ciudad Autónoma, o decisiones que pudieran retrotraer la contratación. El servicio, en todo caso, “no se puede dejar de prestar”, señaló Almansouri.

Los cepemistas podrían llevarlo a la Comisión de Control

Los cepemistas no han tomado ninguna decisión todavía sobre este asunto a la espera del informe jurídico, pero no descartan llevarlo a la comisión de control de licitaciones. No en vano, Almansouri señaló que hay otras cuestiones que preocupan a su formación, como la regularización de los trabajadores que han estado contratados por horas en el contrato que está aún vigente, y el hecho de que no se tengan en cuenta las necesidades específicas de cada barrio a la hora de que se preste este servicio.

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