CPM acusa al PP de fomentar el “colapso de la administración con funcionarios en B”

Coalición por Melilla (CPM) acusó ayer al PP de fomentar un “colapso de la administración con funcionarios en B” por supuestos casos de cesión ilegal de trabajadores, entre ellos el de su viceconsejero de Festejos, Francisco Díaz, como trabajador del servicio de recaudación de tributos. En rueda de prensa, el diputado de CPM Rachid Bussian lamentó que Díaz no haya “aceptado el órdago” lanzado por los cepemistas para que “se comprometa a que no se aproveche de su situación de poder y privilegio para entrar en la Administración local por la puerta de atrás”.
Consideró que si en el Gobierno “fueran honestos y transparentes, habrían tomado una medida, como el cese o la dimisión” de este viceconsejero, si bien “el PP promueve el vivir de los contribuyentes hasta que puedan vivir de sus hijos”, según Bussian, que lamentó la falta de una respuesta a la “preocupación de cientos de melillenses” por este tipo de casos.
Bussian subrayó que no es el único caso, ya que también hay otros “llamativos” en diferentes departamentos y organismos de la Ciudad Autónoma, entre los que citó la sociedad pública Inmusa, de la que depende Televisión Melilla, a cuyo presidente, Javier Lence, CPM ha preguntado si8 hay diligencias judiciales abiertas de algunos trabajadores. También citó el área de Festejos o plazas de informática.

Preguntar al resto
Asimismo, instó a preguntar qué piensan de todo esto los funcionarios que “dignamente han entrado en esta casa después de tanto esfuerzo”, así como los “miles de jóvenes que aspiran a un empleo estable y digno” en la Administración.
“Estamos de acuerdo con Imbroda en que aquí hay dos sociedades opuestas entre CPM y el PP. Ellos defienden una sociedad clientelar dopada y de claro enchufismo, y nosotros que se acceda a la función pública cumpliendo los principios de igualdad, méritos y capacidad”, aseveró.

Factura
Por otro lado, CPM ha informado de que el Consejo de Gobierno tuvo conocimiento hace dos semanas de una sentencia judicial en la que se condenaba a la Ciudad Autónoma a pagar a una empresa privada 32.722,62 euros en concepto de comidas y vinos por celebraciones de dicha Administración.

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