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El gobierno sigue acorralado, pertrechado contra la sociedad, intentando repeler las andanadas de realidad social que emanan de la ciudadanía con las armas ideológicas y políticas que le son propias: la inmoralidad y la injusticia, que son la verdad oculta de la "eficiencia" y el "pragmatismo". Las cortinas de humo que extienden el gobierno y su partido con sus obtusos argumentarios solo ciegan a los ciegos, pues los hechos revelan que todo se está construyendo a la medida de los depredadores. Montoro les construye la mansión y Gallardón se la decora.
Tras el desmantelamiento del Estado del Bienestar, la UE de Merckel exigía a España una reforma fiscal que consolidara la hegemonía de los poderosos y el gobierno, una vez más, ha sido perro fiel. Mucho se ha escrito y debatido sobre el informe propuesto por ese comité de sabios presidido por el tal Manuel Lagares (quien en 1.998, por cierto, vio aceptada su propuesta, precisamente contraria a la actual, de que la vivienda habitual no tributara) que Montoro se ha sacado de la manga. Todo farfolla. Los verdaderos sabios de la fiscalidad en España son los técnicos de Hacienda. No se ha contado con ellos pues, como conocedores de la realidad fiscal española, son considerados hostiles al gobierno. El informe marea la perdiz para terminar concluyendo que a los ricos hay que bajarles los impuestos y a los demás subírselos. Ya me dirán ustedes de qué me sirve a mí que me bajen la contribución si prácticamente todo lo que compre me va a salir más caro. Ya les digo, farfolla. El problema fiscal más importante que tenemos en España es el fraude descomunal de decenas de miles de millones de euros anuales que se escapan al control de fisco solo a manos de las grandes empresas nacionales y multinacionales. De eso no se habla. El propio sindicato de técnicos de Hacienda, GESTHA (que aglutina al 80% de ellos) y el Tribunal de Cuentas acaban de denunciar en sus últimos informes que las cifras de la lucha contra el fraude que ha ofrecido el ministerio de Montoro son falsas: la mejora no fue del 27% sino del 12, 5%, menos de la mitad. Una miseria. La lucha contra el fraude no solo no es una prioridad sino que más bien parece un obstáculo, pues, como ocurrió con la multa de 400 millones a CEMEX que costó el puesto a la investigadora de Hacienda que la impuso pero que finalmente quedó en nada, sin posibilidad de gran fraude en España nadie invierte. El sometimiento al chantaje de los poderosos es tal que a una emisaria de Hacienda se le escapó hace unos días que están tratando con las autoridades suizas una componenda para que tributen parte de los dineros negros españoles acumulados en aquellas cuevas de Alí Babá, a cambio de que permanezca oculta la identidad de sus propietarios (grandes defraudadores a la manera de los tesoreros del PP). Inmoral es poco.
De la inmoralidad a la injusticia media una sencilla puerta giratoria, totalmente permeable en ambas direcciones. Fíjense en la penúltima del ministro de Injusticia: "el gobierno de Rajoy no ha indultado a corruptos". Perplejidad en las masas. Ni veinticuatro horas le corrió la trola, pues fue inmediatamente desmentido por los datos: al menos ocho políticos de distinto pelaje han sido indultados en estos dos últimos años por prevaricación y/o malversación de fondos públicos. Respuesta de Gallardón: eso no es corrupción. Indignación en las masas. Con tal de "sostenella y no enmendalla" el ministro prefirió retratarse ante el pueblo dejando claro que su gobierno no considera corrupción lo que el noventa por ciento de la gente sí. El listón de la honestidad, enterrado. El mensaje para los corruptos es claro: "tú tranquilo, que aquí estamos nosotros para sacarte de la cárcel". La regla de tres de Gallardón es que solo son corruptos los que se llevan dinero, con lo que expresamente está excluyendo, por ejemplo, a la práctica totalidad de los políticos y cargos públicos imputados por los ERE andaluces, que lo están no por haberse llevado dinero sino por no haber evitado el fraude. Cosa bien distinta, por cierto, de lo que sabemos de los casos Gürtel y Bárcenas, en los que decenas de políticos del PP (unos imputados y otros gobernando) se llevaron comisiones, regalos y sobres con dinero negro. La indignación va por barrios.
Tenemos el barrio de las víctimas de ETA y el barrio de las víctimas del 11 M, del franquismo y del YAK – 42. El Estado de Derecho es el mismo, pero el PP solo se encuentra cómodo en el primer barrio. El segundo ni lo mira. Todo era indignación tras la masiva excarcelación de etarras de hace unas semanas. Hace unos días salió Rafa Zouhier, condenado por la masacre del 11 M. ¿Algún problema, alguna manifestación de indignación en el primer barrio? ¿O en el otro? Cumplió su condena y salió. Y ello aún a pesar de que, en contra de lo que digan los de siempre, en libertad es mucho más peligroso que esos etarras que saben que su aventura criminal ha terminado. Hipócrita es poco. No se trata solo de llevarse el dinero. Corrupción es desprecio, corrupción es discriminar, engañar, hacer uso del poder para los poderosos, dar la espalda al pueblo y mutilar la democracia. Si la gente no estalla no es por miedo a la policía sacra de Fernández Díaz, es porque no sabe hasta cuándo podrá seguir comiendo de su propio bolsillo.
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Corrupción es corrupción
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