El Gobierno prohibirá la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años.
Bustinduy también anunció que se tramitará una normativa para regular la publicidad de alimentos no saludables dirigida a niños y adolescentes
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, anunció en Barcelona que el Gobierno impulsará una normativa para prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años. Además, la restricción se endurecerá hasta los 18 cuando se trate de bebidas con más de 32 mg de cafeína por cada 100 ml. Bustinduy vinculó el anuncio a un enfoque de salud pública y lo enmarcó en su reunión con la Gasol Foundation, dedicada a reducir la obesidad infantil mediante hábitos saludables.
El ministro afirmó que la propuesta cuenta con un respaldo social muy amplio, apoyándose en un barómetro adelantado por la AESAN, según el cual nueve de cada diez personas están de acuerdo con limitar la venta a menores. Subrayó que el apoyo es también elevado entre jóvenes: un 88,3% de los encuestados de 18 a 35 años respaldan la prohibición.
El barómetro, además, refleja una preocupación notable por los riesgos asociados a estas bebidas. Señala que un 25% de la población consume bebidas energéticas, con una media de dos veces por semana. Entre quienes las consumen, casi la mitad (49%) toma al menos una al día, y un 47% las mezcla regularmente con alcohol. Bustinduy utilizó estos datos para insistir en la necesidad de regular su acceso entre menores.
La medida se sumaría a acciones previas, como la prohibición de venta en centros escolares promovida mediante el Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles. También se apoya en el informe del Comité Científico de la AESAN (2021), que advertía de efectos no deseados por un exceso de cafeína: desde alteraciones del sueño y efectos psicológicos hasta trastornos cardiovasculares. El ministro destacó asimismo la coordinación institucional del grupo de trabajo sobre bebidas energéticas y señaló que la iniciativa sigue la línea de países europeos (Alemania, Noruega, Letonia, Polonia, Hungría o Lituania) y de comunidades autónomas como Galicia y Asturias, defendiendo la armonización estatal para favorecer la unidad de mercado.
En paralelo, Bustinduy recordó que Consumo impulsará una regulación sobre la publicidad de alimentos no saludables dirigida a menores: “Son anuncios nocivos para su salud” y estas medidas responden a un “clamor social”. El barómetro indica que casi el 80% cree que debería prohibirse esa publicidad a menores. El ministro alertó de la presión publicitaria (miles de impactos anuales por niño) y apeló a recomendaciones de la OMS y la AESAN para restringir anuncios según calidad nutricional. Citando a la Gasol Foundation, advirtió: “En España, un 80% de las niñas, los niños y los adolescentes consumen alimentos y bebidas no saludables”, defendiendo actuar por “cuestión de salud pública” y para “garantizar los derechos de la infancia”, aunque suponga “poner coto a los poderosos
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