Era un 26 de enero, apenas dos días del terremoto, cuando las autoridades melillenses pensaban que tenían que derrumbar y reconstruir especialmente el torreón sur del Palacio de la Asamblea. Sin embargo, según indicaron desde la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente ,gracias a la rápida estabilización con una estructura de andamios que estuvo casi 11 meses ante la puerta principal del Palacio se consiguió rehabilitar y reforzar. Además, para reparar el interior del Palacio de la Asamblea y otras dependencias municipales están pendientes seis proyectos que se licitarán tras la aprobación de los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma para 2017.
Una de las dependencias municipales más afectadas por el seísmo de 6.3 grados de magnitud que azotó la Ciudad hace justo hoy un año fue el Palacio de la Asamblea.
Esta estructura diseñada en 1930 por el arquitecto Enrique Nieto, aunque construida diez años más tarde, no soportó tal temblor, especialmente, el torreón ur que corona esta gran perla de la arquitectura melillense.
Desde los primeros días, no se daba esperanza alguna a que se pudiera mantener la torre original, aunque gracias a la rápida estabilización e intervención se consiguió rehabilitar ambas torres que se habían desplazado de la estructura principal. Además, el consejero de Coordinación y Medio Ambiente, Manuel Ángel Quevedo, indicó en diciembre que las estructuras habían sido reforzadas para que se mantuvieran ante otro posible seísmo. Solo la rehabilitación que se inició en septiembre y acabó en diciembre de ambos torreones tuvo un coste de unos 130.000 euros.
Seis proyectos pendientes
El consejero de Coordinación y Medio Ambiente informó a este periódico que tanto el proyecto para la rehabilitación del interior del Palacio de la Asamblea, así como de otras dependencias municipales, están redactados o están a punto de finalizarse.
En total son seis y están a la espera de la aprobación de los Presupuestos Generales de la Ciudad para este año para poder ser sacados a licitación. Además, éstos estarían financiados mediante el Real Decreto 189/2016 que cubría aquellos daños de titularidad municipal entre la administración central y local al 50 por ciento cada institución.
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