Conesa, tras su imputación: “Yo no he amañado ni el parchís cuando jugaba”

El consejero de Economía y Hacienda, Daniel Conesa, habló ayer largo y tendido después de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla le haya imputado en la Operación Tosca por presuntos delitos contra la Administración Pública. Conesa se desahogó ante la prensa para dejar claro que tiene la conciencia tranquila, aunque reconoció que está “fastidiadísimo” por tener que atravesar la tercera imputación de su vida política sin saber, como le ocurrió en la anterior de la Operación Ópera, las razones que le han llevado a tener esta situación jurídica. Conesa subrayó que “lo peor” de todo esto no es tener que ir a declarar ante el juez, sino “la pena de telediario” que tanto él como sus compañeros de la Ciudad Autónoma tienen que soportar, con titulares que los acusan de amañar la adjudicación de contratos públicos. “Yo no he amañado ni el parchís cuando jugaba”, dejó claro para reiterar su inocencia. El también portavoz de la Ciudad Autónoma compareció ayer después del Consejo de Gobierno en una rueda de prensa donde contó con el respaldo de sus dos compañeros, el consejero de Medio Ambiente, José Ángel Pérez Calabuig, y el de Seguridad Ciudadana, Francisco Javier Calderón, igualmente imputados como él en la Operación Tosca. Y aunque solo tomó la palabra Conesa, que contó su caso y sus impresiones, en varios momentos de su rueda de prensa hizo extensivas sus palabras al resto de implicados en esta investigación del Juzgado de Instrucción número 4 y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El consejero de Economía y Hacienda dijo estar “muy preocupado” por “determinados procedimientos que se están empleando y que tienen una pinta de causa general horrorosa”. Entre ellas, las “imputaciones a troche y moche” que se están dando, así como “detenciones injustificadas” desde el punto de vista del Gobierno melillense. En la Operación Tosca hay, por el momento, 35 personas implicadas, de las cuales 15 fueron detenidas el pasado martes.

Según argumentó Conesa, al Gobierno melillense no le parece lógico que detengan a personas a las que después se les ha imputado únicamente el presunto delito de prevaricación administrativa. Por ello consideró “desproporcionadas” determinadas actuaciones que se han llevado a cabo en esta operación, algo que ya alegó el Ejecutivo hace varios meses con la Operación Ópera, matriz del caso Tosca.

“Indicios muy sólidos”
En este sentido, Daniel Conesa se mostró tajante al afirmar que “las imputaciones deberían hacerse con base en indicios muy sólidos” en vez de seguir la línea actual, en la que “se imputa y a ver qué pasa” durante la investigación.

Eso, según Conesa, “pervierte la figura de la imputación”, que en realidad es “una garantía jurídica” para ir a declarar ante el juez acompañado de un abogado y responder para que el magistrado determine si mantiene o no la acusación contra él. Sin embargo, lamentó que eso es “en la teoría”, ya que en la práctica supone “una condena pública” en la que la sociedad presupone que los imputados son “unos chorizos o sinvergüenzas”.

Para evitar esto, recordó que estos días se está evaluando una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para introducir la figura de investigado o testigo asistido, como hay en otros países, para las personas relacionadas con una investigación en marcha. De esta manera, se podrá acabar con la situación actual, que Conesa calificó como “una verdadera tortura” y “locura absoluta de personas imputadas y luego todo queda en nada, a nivel general”. Por ejemplo, eso es lo que ocurrió con el caso de la Mesa de Contratación, un caso que fue archivado finalmente pero que tuvo durante varios meses a 29 políticos y funcionarios imputados que fueron señalados públicamente.

Por todo ello, pidió que “este tipo de cosas, antes de hacerse a la ligera, se hagan con más tranquilidad” antes de imputar a personas o incluso detenerlas, como ocurrió el pasado martes con varios funcionarios, de los que Conesa dijo que son “profesionales como la copa de un pino y honrados donde los haya”. El Gobierno local cree que en lugar de detenerlos, se les podría haber llevado a declarar “simplemente”, habida cuenta que el presunto delito que se les imputa es el de la prevaricación administrativa.

Asimismo, y como ya hizo el presidente melillense, Juan José Imbroda, su número tres reclamó ayer más agilidad de la Justicia en sus procedimientos. De este modo, rechazó situaciones como la de la Operación Ópera, en la que él personalmente estuvo un año imputado sin saber por qué, dado que el caso estaba bajo secreto de sumario. Esto se debe a una falta de medios de la Justicia de la que responsabilizó a la Administración pública, por lo que pidió más esfuerzo en este sentido “para que el culpable sea condenado cuanto antes y el inocente no se vea con esta mancha de fuego que lleva en la espalda y que es difícil de quitar”.

La pena del telediario
A esto se refería Conesa cuando habló de la “pena del telediario” que están sufriendo todos los que se ven implicados en procedimientos judiciales, ya que sus fotos aparecen en numerosos medios de comunicación, incluso nacionales, algunos “más proclives a alentar” esa exposición. “Eso no te lo quita nadie por mucha desimputación que después se pueda producir”, destacó el portavoz para lamentar “el desprestigio de tu persona y el perjuicio a tu honor y a la familia” que están sufriendo tanto los responsables políticos como funcionarios y técnicos que se han visto involucrados en algunas de las investigaciones abiertas.

Ante esto, reconoció que “el primer impulso es tirar la toalla” porque “no merece la pena” seguir al frente de responsabilidades políticas con esta “carga negativa que no debería tener y que pone en duda tu profesionalidad”. Sin embargo, abandonando se consigue por un lado que la gente piense “que has hecho algo malo” y, al mismo tiempo, conceder “una pequeña victoria a quienes quieren derribar al Gobierno”, lo cual “no se puede consentir”.

Por eso dijo que él seguirá hasta que el presidente de la Ciudad Autónoma tenga depositada su confianza en él. Y aseguró que irá a declarar “con absoluta tranquilidad y la conciencia tranquila y limpia” ante el juez cuando éste le cite, ya que está convencido de que “todo quedará perfectamente esclarecido”.

De momento, solo ha recibido una notificación, que no el auto, en la que se le pedía que se pusiera en contacto con el juzgado en dos días hábiles. Cuando lo hizo, le dijeron que ya lo llamarían “cuando corresponda”.

Esto, unido a la constancia que tiene de que ha habido “revuelo en el juzgado porque todo esto les ha sobrepasado”, ha hecho que le llame la atención el procedimiento que se está siguiendo y que, tal y como reconoció, no le termina de “cuadrar”.

Su tercera imputación
La de la Operación Tosca es la tercera imputación que ha tenido Conesa en su vida política. La primera fue a raíz de una denuncia del dirigente de PPL José Valdivieso por prevaricación administrativa, pero fue archivada después de 8 meses. Conesa presentará una querella por falsa denuncia contra Valdivieso, dado que la Audiencia Provincial le dio un tirón de orejas por el uso que había hecho de la Justicia.

La segunda imputación llegó en octubre de 2013 por la Operación Ópera, en la que estuvo un año sin saber las razones al estar el procedimiento bajo secreto de sumario, razón por la que cuestionó la actuación de la jueza María José Alcázar, en ese momento encargada del Juzgado de Instrucción número 4.

Daniel Conesa está a la espera de que se resuelva su petición de sobreseimiento de dicha imputación.

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