El vicepresidente primero del Gobierno local, Daniel Conesa, reprochó ayer al PSOE que cuestione la profesionalidad y honradez de los funcionarios de la Ciudad Autónoma que han desempeñado el puesto de interventor después de que la responsable socialista, Gloria Rojas, criticara que esa plaza no pueda ser cubierta por un funcionario de habilitación nacional por falta de candidatos.
En rueda de prensa, Conesa dijo que no va a permitir que el PSOE afirme que si no se cubre la plaza con funcionarios de habilitación nacional puede ser porque “no se establecen verdaderos controles para el gasto del dinero público o con que parte de la contratación esté bajo un halo de sospecha”.
Para Conesa, esas declaraciones de Rojas suponen “una descalificación implícita” a funcionarios propios de la Ciudad Autónoma que están desempeñando el puesto de interventor, ya que si dice que no se establecen controles, “pone en duda que funcionarios absolutamente preparados cumplan con sus obligaciones legales”.
Falta de atractivo
Conesa, que es consejero de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, afirmó que la Intervención de la Ciudad Autónoma es “un puesto poco atractivo para muchos funcionarios” debido a que tiene “unas responsabilidades enormes, más que ninguno” en la organización de la Administración melillense.
También apuntó que si el puesto no se cubre con funcionarios habilitados nacionales puede deberse a que “puede resultar menos atractivo” para funcionarios que están instalados en otros puntos del territorio nacional, y dado que es voluntario, no lo solicitan pese al incremento retributivo.
En cualquier caso, aseguró que la Ciudad Autónoma está “en permanente contacto” con el Gobierno central para ver qué otras posibilidades hay mientras el puesto se cubre con un funcionario habilitado nacional, ya que no puede quedarse nunca vacante, al tiempo que ha negado que cubrirlo de forma accidental con funcionarios propios sea una excepción.
Así, dejó claro que ésta es una de las previsiones establecidas en la ley en los casos en que no se pueda cubrir la plaza con funcionarios habilitados nacionales, como ha ocurrido en Melilla. Por ello, negó que el Tribunal de Cuentas haya “tirado de las orejas” a la Ciudad Autónoma, ya que sólo ha “constatado una realidad existente”.
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