Conesa pone en valor el apoyo de la Ciudad a la COA: más de 5 millones en 10 años

El Gobierno de Melilla pidió ayer a la Cooperativa Ómnibus de Autobuses (COA), que presta el servicio de transporte urbano en la ciudad desde hace más de 60 años, que recapacite en su decisión de dejar de operar a partir del 1 de mayo por los impagos de la Ciudad Autónoma. El consejero de Economía y Hacienda, Daniel Conesa, repitió varias veces este ruego en una comparecencia pública un día después de que la COA anunciara su decisión, sobre la que el Gobierno cree que supondría “un perjuicio importantísimo” a los ciudadanos, además de una complicación considerable en la búsqueda de una solución. Además, consideró “injusto” que la COA lo haya transmitido a la opinión pública como un intento de la Ciudad Autónoma por terminar con la empresa, máxime en una época preelectoral como la actual, ya que Conesa dejó claro que este Gobierno es “el único” que ha apoyado a la COA concediéndole más de 5 millones de euros en ayudas en los últimos 10 años. Conesa hizo un llamamiento a la cordura a los cooperativistas, que son “los que tienen en su mano la decisión”, haciéndoles ver que la decisión que han adoptado sin unanimidad y con “discrepancias” internas, lo único que conseguirá es complicar aún más la búsqueda de una solución. No en vano, el consejero recordó que sin servicio, la Ciudad Autónoma no podrá conceder la subvención de 500.000 euros que ya está asignada para la COA en los Presupuestos de 2015 y que aún no se ha otorgado porque la empresa no ha aportado la documentación necesaria. Además, la COA dejaría de percibir los cerca de dos millones de euros que ingresa por los billetes emitidos a los 2,4 millones de usuarios anuales que transporta.

Dicho de otro modo, Conesa quiso hacer comprender a los cooperativistas que dejar de prestar el servicio es “el camino” para que la empresa “reviente”. Dejó claro que esto es algo que el Gobierno de Melilla no desea, habida cuenta de la “solera y antigüedad” de la COA, que se ha encargado de este servicio público desde su implantación.

De hecho, Conesa dijo que el actual contrato data de 1951, de modo que su antigüedad supera las seis décadas. Esto llevó al Gobierno actual a tomar la decisión de volver a sacar a licitación el servicio porque necesitaba “una regularización”, si bien la COA decidió impugnar al considerar que el servicio estaba prorrogado.

Esta cuestión es uno de los desencuentros entre ambas partes. Según explicó Conesa, se trata de una “controversia jurídica con un trasfondo jurídico complicado”, en la que la Ciudad Autónoma llegó a un acuerdo con la COA para remitir el expediente a los servicios jurídicos de la Ciudad Autónoma para que éstos emitieran un dictamen que el Gobierno está dispuesto a adoptar, sea cual sea su sentido.

Sin embargo, Conesa aclaró que la COA no ha remitido la documentación necesaria para hacer dicho informe, pese a las reiteradas solicitudes de la Ciudad Autónoma en el último mes y medio para que lo hiciera. Ayer mismo, en un nuevo escrito “con carácter constructivo”, el consejero volvió a insistir en ello “para intentar solventar” el problema.

Ayudas e impagos
La falta de documentación y la tardanza de la COA en aportarla también son la causa, dijo Conesa, de otro de los problemas en las relaciones entre empresa y Administración: la tramitación de la subvención correspondiente a 2015, que asciende a medio millón de euros. Conesa recordó que la Ciudad Autónoma no puede conceder hasta que la COA no presente la justificación de la ayuda que recibió en 2014 por el mismo importe, si bien aclaró que este asunto no acumula retraso respecto al año pasado, cuando la mitad de la subvención se abonó en mayo y la otra mitad al mes siguiente.

Conesa calculó que la COA ha recibido en los últimos 10 años más de 5 millones de euros en ayudas, sin incluir los servicios que presta a las diferentes consejerías. A su juicio, esto evidencia que este Gobierno es “el único” que ha apoyado a la empresa a pesar de que los partidos de la oposición le hayan mostrado su respaldo en las últimas horas, una actitud que el consejero calificó como “deleznable” y propia de “buitres” que ejercen una “política carroñera”.

El consejero también dejó claro que la Ciudad Autónoma no debe 1,8 millones de euros por impagos, sino que esta cantidad es lo que la COA cree que debería pagar la Ciudad Autónoma por las pérdidas del servicio debido a la pérdida de viajeros en los últimos años. El Gobierno local no está de acuerdo y por eso la COA llevó el asunto a los tribunales. Según Conesa, la postura de la empresa es “retorcer la realidad” y de hecho, recordó que este contrato, cuando empezó a prestarse en 1951, dejaba establecidas en sus orígenes varias cuestiones: una, que la COA debía pagar 30.000 pesetas al entonces ayuntamiento por quedarse con este servicio “y no al revés”. Otra, que este contrato era “a cuenta y riesgo” de la empresa.

Respecto a los impagos, Conesa calculó que la Ciudad Autónoma debe a la COA unos 200.000 euros en facturas pendientes de pago, algunas de las cuales están en tramitación y otras “a punto” de ser abonadas, lo que ocurría “en los próximos días”.

Asimismo, mostró la disposición del Gobierno de Melilla a dialogar con la empresa y “hacer todo lo que se pueda hacer”, aunque también dejó claro que es imposible “con posturas maximalistas” como la que, a su juicio, mantiene la COA a través de su asesor, el cual se levantó de la última reunión “a los diez minutos porque no le gustaba lo que se le decía”.

Aún así, la mano de la Administración sigue tendida: “nos sentaremos a hablar las veces que haga falta sobre la premisa de cómo están los trámites administrativos de todas estas cuestiones”, dijo Conesa, que ayer no contemplaba como posibilidad que mañana, 1 de mayo, se suspenda el servicio de transporte urbano en Melilla pese al anuncio de la COA.

Acceda a la versión completa del contenido