El Grupo Socialista retiró la semana pasada la moción por la que proponía encargar una auditoría privada de las cuentas y contratos de la Ciudad Autónoma desde el año 2010. Así al menos lo indicó ayer, a preguntas de los periodistas, el portavoz del Gobierno, Daniel Conesa, que explicó que llegó a ofrecer a los socialistas la posibilidad de retirar esta moción, dado que es ilegal que una institución pública, como es el Ayuntamiento, contrate este tipo de auditorías. El Grupo Socialista retiró la semana pasada la moción por la que proponía encargar una auditoría privada de las cuentas y contratos de la Ciudad Autónoma desde el año 2010. Así al menos lo indicó ayer, a preguntas de los periodistas, el portavoz del Gobierno, Daniel Conesa, que explicó que llegó a ofrecer a los socialistas la posibilidad de retirar esta moción, dado que es ilegal que una institución pública, como es el Ayuntamiento, contrate este tipo de auditorías.
En este sentido, el portavoz del Ejecutivo expuso que el Tribunal de Cuentas (TCu) se encarga del control externo de las cuentas de la Ciudad, que lo hace además mediante una muestra aleatoria. Del control interno, explicó Conesa, se encarga el interventor. Sólo en el caso de que éste lo solicite y lo justifique, se puede contratar a una empresa para que "ayuda al interventor" en esa función de control.
El portavoz del Gobierno indicó al respecto que, hasta hace unos años, las sociedades públicas municipales contrataban todos sus auditores privados y realizaban sus auditorías privadas. Posteriormente, el interventor emitía su informe, basándose en ocasiones en las auditorías privadas. Sin embargo, desde el año pasado el TCu exige que sea el interventor el que contrate esas auditorías, que es lo que se va a hacer este año.
“Saber lo que se dice”
“Ahora mismo esa moción no existe”, dejó claro Conesa, que señaló que, aunque la portavoz socialista Gloria Rojas “tienen un tono y un talante diferente”, es necesario “saber lo que se dice”.
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