Conesa, Calabuig y Calderón, imputados en el caso Tosca

El Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla ha imputado a tres consejeros del Gobierno de Melilla y a otros dos ex consejeros en la llamada "Operación Tosca" por su presunta participación en amaños de contratos públicos, según han informado fuentes cercanas al caso. Los consejeros que serán llamados a declarar por su presunta relación con varios presuntos delitos contra la Administración Pública son los consejeros de Economía y Hacienda, Daniel Conesa; de Medio Ambiente, José Ángel Pérez Calabuig y de Seguridad Ciudadana, Francisco Javier Calderón. En los casos de Conesa y Calabuig, ya estaban imputados igualmente en la Operación Ópera -la matriz de la Operación Tosca-, en la que también se investiga la concesión de contratos, en esos casos menores que no requieren de concurso público, mientras que la Operación Tosca se trata de contratos mayores con concurso público, por sus concesiones a empresas como Eulen, Himosa e Hispanagua.

El titular del Juzgado, Francisco Ramírez Peinado, también ha incluido entre las 35 personas que han sido asociadas a esta intervención, lista formada por políticos, funcionarios y responsables de empresas privadas a las que se relaciona con presuntos delitos de prevaricación, malversación fraude y cohecho, a los ex consejeros de Medio Ambiente, Ramón Gavilán y de Seguridad Ciudadana, Ramón Antón, añadieron las citadas fuentes.

Contrataciones
Los miembros y ex miembros incluidos en esta relación serán llamados a declarar en estos días después de que el martes la Guardia Civil detuviera a 15 personas, de ellas diez en Melilla, dos en Madrid, dos en Málaga y una en Gran Canaria, en la denominada "Operación Tosca". Esta operación se inició a finales del año 2012 y ha contado con la investigación de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) centrada en contrataciones presuntamente fraudulentas entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma y distintas las empresas.

En concreto, el juez Francisco Ramírez Peinado pretende determinar si en la adjudicación de estos contratos hubo “connivencia” entre representantes de las empresas y responsables de la Ciudad Autónoma, “dando lugar a la obtención de de beneficios recíprocos en perjuicio del erario público”.

Registros y detenciones
Durante la operación del martes el Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla autorizó registros a domicilios particulares, a una empresa pública (la sociedad pública de creación de empleo Proyecto Melilla SA -Promesa-) y a varias sociedades privadas.

Tras dormir en los calabozos de la Guardia Civil, el miércoles pasaron a disposición judicial la gran mayoría, que han quedado todos en libertad con cargos, con la obligación de firmar periódicamente en el juzgado más cercano a su domicilio, entre ellos el director general de Seguridad Ciudadana de Melilla, Gregorio Castillo y la gerente de Promesa, Carolina Gorgé.

En los próximos días el juez irá citando para escuchar sus declaraciones a los tres consejeros (el de Economía y Hacienda, el de Medio Ambiente y el de Seguridad Ciudadana) y técnicos de estas consejerías, que no fueron detenidos el martes pero a los que se relaciona con estos presuntos delitos de prevaricación, malversación fraude y cohecho.

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