A las nueve de la mañana de este martes 21 de enero está previsto que se celebre la vista en la que resolver la denuncia presentada por los treinta profesores de religión islámica y católica que desarrollan su labor en Melilla, contra el Ministerio de Educación y Formación Profesional, por los recortes en la jornada laboral e incluso despidos que se han producido desde el inicio de curso.
Están convocados para tomar declaración ante el juez, los 30 docentes de religión católica e islámica que desarrollan su labor formativa en Melilla y que denunciaron al Ministerio de Educación por las consecuencias que ha generado la aplicación de una Sentencia del Supremo de 2010 que les prohíbe realizar otra tarea que no sea la de impartir su asignatura.
La aplicación de esta Sentencia se llevó a cabo a comienzos de curso y los profesores afectados se encontraron con que o bien eran despedidos, como así fue el caso de tres de ellos, mientras que al resto se les recortó su jornada laboral y, con ello, sus emolumentos.
Los docentes consideran que no fueron avisados “en tiempo y forma” y que se conculca un derecho adquirido a lo largo de estos años, porque hay docentes que llevan veinte años trabajando en esta disciplina. Algunos indicaron en su momento que, de haber tenido conocimiento de estos hechos con una mayor antelación, tal vez al finalizar el curso, habrían tenido oportunidad de presentarse a las oposiciones de Primaria o a las de Secundaria.
La justicia
Indican los docentes que acuden hoy a testificar, que en Ceuta y Aragón también se han celebrado ya otros juicios por la vía social, “aunque no han dictado sentencia aún”. Los maestros de Religión de Melilla confían “en la ley y sólo esperan que se haga justicia”. "Si la ley se respeta recuperaremos nuestros derechos como trabajadores", indican.
Además, lamentan que el 28 de octubre dentregaron cartas solicitando entrevista con la delegada del Gobierno y el director provincial que “no han sido contestadas”.
"Es incomprensible que nuestros responsables hagan silencio y nos ninguneen de esta manera", se lamentan. Recuerdan que son “treinta familias las afectadas por esta mala gestión del Ministerio”.
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